l jueves por la noche el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, tuvo que salir al paso para atajar la tormenta financiera desatada horas antes cuando el coordinador de los senadores del partido mayoritario, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para eliminar algunas comisiones que las instituciones financieras cobran por sus servicios, además de otorgar facultades al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fijar límites tarifarios a otras.
Ayer, el control de daños se completó con declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien reafirmó su postura de no introducir cambios en el marco legal que rige el funcionamiento de las instituciones bancarias y financieras durante la primera mitad de su gobierno.
Para poner en contexto el desplome bursátil generado por dicha iniciativa, es necesario considerar la postura emitida ayer por Citibanamex. De acuerdo con la institución financiera, la reacción de los mercados respondió a las alarmas encendidas por la forma intempestiva en que se anunció
la propuesta, que el sector empresarial considera la confirmación de una voluntad del gobierno entrante para conducirse fuera de los mecanismos institucionales –pese a que la iniciativa se presentó sin el conocimiento del presidente electo o su equipo económico.
Si bien resulta innegable la desproporción existente en el costo de las comisiones referidas, en los hechos el lance del legislador zacatecano resultó contraproducente para las posibilidades del gobierno entrante de poner coto a los cobros desmedidos en este rubro, al encabezar lo que las cúpulas empresariales percibieron como un albazo y una señal de mala voluntad y forzó al próximo mandatario a ofrecer garantías de continuidad del esquema vigente, alejando los entendimientos que pudieron haberse generado mediante el diálogo y la operación políticas.
Por último, cierto es que el Congreso cuenta con plena autonomía y nada lo obliga a consultar su agenda con los otros poderes de la Unión, ni mucho menos con los poderes fácticos, entre los que se cuentan los representantes de la banca. No obstante, resulta difícil justificar que una propuesta de tal trascendencia se diera a conocer sin ningún tipo de negociación previa que permitiera amortiguar su impacto, máxime cuando se reveló capaz de cimbrar al sistema financiero y provocar, en sólo unas horas, la pérdida de casi 12 por ciento en el valor de capitalización de la segunda mayor institución bancaria que opera en México.
Si bien los daños económicos desatados por la iniciativa senatorial remitieron en pocas horas tras las declaraciones del presidente electo y el futuro secretario de Hacienda, las afectaciones políticas, en forma de incertidumbre acerca de las intenciones del gobierno entrante en la materia, serán sin duda más difíciles de restañar. Por ello, cabe preguntarse por las motivaciones que llevaron al liderazgo legislativo del próximo partido en el gobierno a lanzar lo que a todas luces fue una bomba política para sus correligionarios.
