Buenos Aires. El juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero, en la que se intentaba procesar a la ex mandataria sin ninguna evidencia y por el que está detenido el empresario Lázaro Báez.

La resolución judicial impactó porque fueron medios masivos como Clarín, La Nación y periodistas afines a ambos los que instaron mediáticamente a que se investigara la ruta del dinero K, aunque lo que en realidad se encontró fue la ruta del dinero M, del presidente Mauricio Macri, su familia y funcionarios en diversas cuentas off shore en paraísos fiscales.

Tras la detención en Brasil del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva –en una causa en la que se le condenó sin pruebas, sólo por convicción del juez Sergio Moro, ligado al departamento de Estado de Estados Unidos y a agencias de inteligencia de ese país–, periodistas de Clarín presionaron con una serie de artículos a apresurar la detención de la ex mandataria argentina, en momentos en que Fernández de Kirchner encabeza todas las encuestas para las elecciones de 2019.

Casanello, un magistrado independiente, atacado por los mismos medios y el gobierno del presidente Macri, concluyó que no hay evidencia de que haya relación entre Lázaro Baez y la familia Kirchner.

Esto sucede cuando comienza a desmoronarse la causa basada en una fotocopia de cuadernos, supuestamente escritos con detalles similares a la construcción de acusaciones de servicios de inteligencia, por el ex chofer de un ex funcionario del Ministerio de la Producción, que está en manos del juez Claudio Bonadío. Éste acapara todas las causas contra la ex presidenta y los ex funcionarios, en lo que se denuncia aquí como una persecución política, mediática y judicial similar al caso de Moro en Brasil.

Casanello convocó a declarar a la ex jefa de Estado a los tribunales después de que la justicia presionó por medio de la Cámara Federal en contra del criterio legal del magistrado. Hasta ese momento, el juez se había negado a citarla a pesar de los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan (ligado al equipo jurídico del gobierno) y de la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, ex diputada de la gobernante Propuesta Republicana. Alonso, impuesta por decreto del gobierno de Macri, se caracteriza por evitar todas las denuncias contra el actual gobierno, mientras impulsa cualquier causa contra la ex presidenta y sus ex funcionarios.

La atribución de responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en esta causa estaría basada excluyentemente en razonamiento transitivo señaló el juez, ya que el fiscal Marijuan menciona su sospecha, aunque nunca se ha probado que el dinero de Báez y sus hijos pertenezca a la ex mandataria, como se quiso imponer.

En la causa de los aportantes falsos a la campaña electoral de Cambiemos, tanto en 2015 como en 2017, el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, aseguró ante el juzgado criminal y correcional federal 3 de La Plata que el oficialismo logró fondos ilegales de empresarios, a quienes solicitó uno por ciento de sus capitales para favorecerlos desde su gobierno, y que en territorio bonaerense distribuyó 26 millones de pesos de esos recursos a fiscales partidarios en dos docenas de bolsos negros, que viajaron en varias camionetas.

Alconada Mon precisó que el dinero era parte de los fondos obtenidos de las donaciones de empresarios ocurridas durante 2015 por el equipo de campaña nacional, destinados a la candidatura presidencial de Macri y en favor de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.