En el informe que rindió en febrero pasado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), el Estado mexicano presentó como logros diversas acciones incompletas o que existen únicamente en el papel, aunque no en la realidad, lo cual demuestra que las autoridades continúan con una política de simulación en la materia.

Así lo afirmaron activistas de organizaciones civiles y familiares de víctimas, quienes subrayaron que el gobierno mexicano suele exponer en foros internacionales que cuenta con leyes e instituciones para hacer frente a sus problemas, pero sin admitir que en muchas ocasiones esos organismos no cuentan con presupuesto ni personal adecuados.

En entrevista telefónica desde Ginebra, Suiza –donde se llevan a cabo las sesiones del CED–, recordaron que el mencionado organismo de la ONU convocó al Estado mexicano a que acudiera a explicar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que le dirigió en febrero de este año.

A decir de colectivos de familiares y de organizaciones de derechos humanos que acompañan el tema, en el informe presentado hace nueve meses por el gobierno de México no se plasma la realidad de lo que ocurre con las desapariciones en el país, y se trata de encomiar diversas acciones legales que no se llevan a la práctica, como si fueran un avance concreto.

Falta atención integral

Al encontrarse el pasado miércoles con los integrantes del CED, los grupos civiles desmintieron –por ejemplo– que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les esté dando una atención integral, como afirmó el titular de ese organismo, Jaime Rochín del Rincón, o que ya se hayan concretado reparaciones colectivas de daño en Veracruz, mismas que apenas se están discutiendo.

El supuesto apoyo de la CEAV a los agraviados es una mentira total; ni siquiera tienen abogados suficientes para poder atender a los familiares. Vienen aquí a decir una sarta de cosas que apenas están en proceso de análisis o no se han llevado a la práctica, dijo Michelle Quevedo, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Domina la simulación

De igual forma, denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas aseguró haber identificado a víctimas de desaparición que ya habían perdido la vida, pero sin tener sus restos mortales ni dictámenes completos sobre los casos.

Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el estado Democrático de Derecho, enfatizó que el gobierno mexicano sigue practicando una estrategia de simulación y gatopardismo, pues aunque el país tiene diversas instituciones y leyes de avanzada, en la práctica no vemos nada concreto que lleve a una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.

En tanto, Juan Carlos Gutiérrez, director de la asociación de litigio estratégico Idheas, resaltó que la próxima administración federal se comprometió a aceptar la competencia del CED para recibir quejas individuales, reconocer la obligatoriedad del cumplimiento de las acciones urgentes que emita ese organismo y permitir una visita de sus integrantes.