nte la problemática de preferir designar amigos y familiares en puestos públicos, los legisladores han acudido a una fórmula recurrente: la prohibición absoluta de nombrar familiares en un órgano de Estado.
Tal prohibición genera desigualdades, ubicadas en las categorías sospechosas prohibidas por el artículo 1º constitucional: generan actos de discriminación en contra de las personas a las que se aplican. Nada garantiza que éstas (familiares o amigos) carezcan de los méritos y capacidad necesarios para desarrollar el trabajo encomendado. Son afectadas por la mala fortuna de que algún familiar decidió progresar en una entidad pública. Esta solución pretende atacar una supuesta inequidad en el ingreso a la carrera pública, pero crea una injusticia mayor.
Por su parte, señalamientos basados en estadísticas -como los del Consejero Felipe Borrego o del Senador Ricardo Monreal- exponen el fenómeno de forma cuantitativa, pero nada abonan a su solución, sólo hacen patente el problema con claros matices denostativos, dejando entrever la búsqueda de puestos políticos y el debilitamiento de instituciones (como el Poder Judicial Federal) que consideran peligrosas para imponer sus decisiones.
La forma de disolver el fenómeno del nepotismo es concursar todas plazas dentro del Poder Judicial de la Federación (no sólo las de jueces y Magistrados); es decir, que sólo se puedan designar a quienes hayan aprobado los exámenes que elabore el Instituto de la Judicatura Federal (actualmente ya se exige este requisito para secretarios, actuarios y algunos empleados administrativos). En este caso, la designación no correría a cargo de los titulares, sino de la propia institución, basada en concursos de oposición.
Para lograr este cometido, el Poder Judicial Federal cuenta con la infraestructura necesaria; sin embargo, se trata de un ejercicio que debe replicarse en todas las estructuras del Estado, para terminar con las largas cadenas de familiares y amigos de los políticos; por ello, será necesario que el Poder Legislativo establezca la obligación de concursar todas las plazas que no sean de elección popular, dentro de dicho Poder, en la administración pública (centralizada y descentralizada), así como en los órganos constitucionales autónomos; para luego irse adoptando por las entidades federativas.
Estas son las soluciones viables al problema, pero no se plantean por quienes buscan debilitar al Poder Judicial de la Federación, mediante el linchamiento público, pues están más interesados en su agenda política, que en encontrar soluciones que hagan mejor a nuestro país.
*Juez de Distrito
