La iniciativa de ley agraria presentada por Morena es una regresión, una amenaza para los derechos de los pueblos, no reconoce la colectividad y facilita la penetración de los capitales de inversión en los núcleos agrarios, como es el caso de las industrias extractivas, los proyectos energéticos, la urbanización y los agronegocios, advirtió la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

La organización señaló que es lamentable que se promuevan iniciativas que faciliten aún más la entrega de los territorios al capital. La Ley de Desarrollo Agrario, que abrogaría la Ley Agraria, vigente desde 1992, fue presentada por el senador Ricardo Monreal; en la exposición de motivos argumenta que la capitalización del campo mexicano está pendiente de análisis y señala que ejidos y comunidades son propietarios de 51 por ciento del territorio nacional, por lo que es urgente un marco legal que los haga agentes económicos en el desarrollo de su región y del país.

Refiere que se debe aprovechar el potencial de sus tierras en distintos rubros, entre ellos los que tienen recursos no renovables asociados con la extracción minera e hidrocarburos. Plantea destinar tierras de uso común a áreas destinadas a asentamientos humanos.

En un análisis, la Rema señala que esta iniciativa subordina la autonomía de los pueblos y comunidades integrados en núcleos agrarios a los designios establecidos en las leyes secundarias impulsadas por los gobiernos neoliberales, tales como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Vías Generales de Comunicación o la Ley Minera.

Advierte que el contenido de la iniciativa vulnera el papel de los pueblos y comunidades campesinas como sujetos de derecho, a fin de facilitar el acceso de terceros a las tierras y territorios de los núcleos agrarios.

Indica que se hace referencia a las tierras de pueblos indígenas pero se establecen limitantes que circunscriben sus territorios a los núcleos agrarios, por lo que no se les fortalece. El espíritu de esta iniciativa está fundado en la individualización de los derechos para mercantilizar la tierra. En el documento se reconoce la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades agrarias como una 'persona moral propietaria de tierras', sin reconocer a la colectividad como sujeto de derecho.

Agrega que llama la atención lo descriptivo y reiterativo del documento para proponer diferentes formas de mercantilizar la tierra; un ejemplo de ello es la propuesta de generar acciones de serie T, como un mecanismo para que las tierras de los campesinos se incorporen a los proyectos de inversión.

La organización consideró indignante que lejos de presentar iniciativas para echar abajo las reformas estructurales que se impulsaron desde los gobiernos neoliberales para debilitar a los pueblos indígenas y campesinos, desde el partido que ofreció la Cuarta Transformación se estén promoviendo iniciativas de ley que faciliten aún más la entrega de los territorios al capital.