ay un nuevo rol de los judiciarios latinoamericanos. De garante del estado de derecho han pasado a ser agentes de expropiación de la soberanía popular mediante procesos de judicialización de la política. Articulados con la acción de los medios de destruir reputaciones públicas de los líderes de izquierda, rinden servicio inestimable a la derecha latinoamericana.

Incapaz de comparar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva con el de Michel Temer, trató de acusar a Lula sin pruebas, condenarlo por convicciones, tomarlo preso sin presunción de inocencia, sacarlo sin razones de la disputa electoral en la cual era favorito para volver a ser presidente de Brasil en primera vuelta y cambiar radicalmente el destino político del país.

Incapaz de comparar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el de Mauricio Macri, la derecha trata de borrar de la memoria de los argentinos todo lo que el país ha avanzado en este siglo, para coleccionar acusaciones en contra de ella, buscando dañar su imagen pública con procesos de todo orden, incluidas las orientaciones de su gobierno. Incapaz de comparar el gobierno de Rafael Correa con el de Lenin Moreno, busca descalificar la imagen del presidente más importante que Ecuador ha tenido con acusaciones absurdas, sin fundamento.

Lo esencial para la derecha latinoamericana, que ha fracasado miserablemente con la insistencia en sus políticas neoliberales, frente a los gobiernos más exitosos de nuestra historia, los de líderes como Lula, Cristina, Rafael Correa, entre otros, es tratar de descalificar la imagen de esos líderes, en la imposibilidad de ganar una disputa democrática, limpia, transparente, comparando propuestas y, más que eso, gobiernos concretos. Unos que han llevado a esos países a retomar el crecimiento económico con inclusión social, con prestigio en el mundo. Otros con recesión, desempleo y rebajando la percepción de esos países en el mundo.

Basta que surja algún líder que se oponga a su ideario neoliberal para que la derecha saque del cajón su nueva estrategia, la de la guerra híbrida, para instalar regímenes de excepción que limiten y deformen la expresión de la voluntad democrática del pueblo. Así nacieron gobiernos como el de Temer y ahora el de Jair Bolsonaro; los de Macri y Lenin Moreno, expresiones de la guerra híbrida, que es lo que el imperio y la derecha latinoamericana vienen a proponer.

En Colombia, después de las largas y sufridas negociaciones de paz se dieron las nuevas elecciones presidenciales. La derecha, siempre comandada por Álvaro Uribe, lanzó a su candidato, Iván Duque, que ya había coordinado la campaña de la derecha colombiana en contra de los acuerdos. Salió como favorito, lideró en primera vuelta, pero tuvo que enfrentarse a Gustavo Petro, y por primera vez hubo un candidato de izquierda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas.

Petro fue alcalde de Bogotá y fue sometido a procesos por la gestión de su gobierno, suspendidos por medidas cautelares, lo cual ha permitido a Petro tener su mandato de senador y principal líder de la oposición. Ahora la Corte Constitucional trata de sacarle ese mandato, mostrando cómo la judicialización de la política se volvía, también en Colombia, el instrumento político fundamental de la derecha. Además de las acusaciones mentirosas y absurdas en contra de Petro, que tuvo que enfrentarse también al monopolio de los medios, absolutamente en contra de él.

Petro ha reaccionado inmediatamente: Quieren sacar de la vida política legal de Colombia al candidato que obtuvo 8 millones de votos y casi llega a presidente. Es un cambio de la doctrina tradicional de esa Corte con un objetivo netamente político. Se busca, dice Petro, no que salga del Senado, sino que no vuelva a ser candidato a la presidencia del país.

Petro se ve así incorporado a la lista de líderes democráticos latinoamericanos como Lula, Cristina Fernández, Rafael Correa, que son criminalizados y a quienes se intenta de excluir de la vida política, no por disputas electorales, sino por la judicialización de la política, la criminalización de sus posiciones políticas y la condenación sin pruebas en procesos manipulados políticamente.

Esa es la realidad más marcante de América Latina hoy. Una ofensiva de la estrategia de guerra híbrida del imperialismo, asumida por las derechas de cada país, apoyadas en las arbitrariedades de jueces y la campaña sórdida de los medios. Es una disputa fundamental para la democracia en el continente y para su futuro.