esde que la primera caravana migrante de este otoño llegó a la frontera mexicana con Guatemala el pasado 19 de octubre, las autoridades han desplegado acciones y actitudes erráticas y ampliamente omisas en su deber primordial de protección de los derechos humanos. Esta respuesta se repitió con el segundo grupo de migrantes, que ingresó el 28 del mismo mes, y todo indica que afectará también a un tercer colectivo que en estos momentos se concentra del lado guatemalteco de la línea divisoria.
Estos éxodos grupales, el primero de los cuales se conformó de manera mayoritaria con hondureños que huyen de la doble crisis de violencia y pobreza que padece su país –a los que se han unido guatemaltecos, salvadoreños y otros latinoamericanos– se distinguen de prácticas migratorias previas al buscar en la visibilidad otorgada por los números una protección ante los múltiples atropellos y ataques criminales de los que se vuelven víctimas atrozmente comunes quienes atraviesan el territorio nacional en el intento de ingresar a Estados Unidos.
Sin embargo, dicha visibilidad también ha propiciado formas inéditas de gestión por parte de las instituciones gubernamentales mexicanas, cuya primera muestra fue el envío de un contingente policial a la frontera. Lamentablemente, esta respuesta se ha visto acompañada de hostigamiento y presiones ilegítimas para disuadir a los migrantes de proseguir su camino hacia el norte, los cuales alcanzaron niveles inadmisibles con al denegar servicios médicos en el hospital general de Juchitán a dos mujeres que presentaban indicios de parto espontáneo. Asimismo, se ha denunciado un activo sabotaje al avance de la caravana, que habría incluido amenazas a transportistas que en principio estaban dispuestos a auxiliar a quienes se encuentran exhaustos y ven su salud seriamente comprometida por el esfuerzo que supone recorrer kilómetros de asfalto bajo el sol y con las altas temperaturas propias del sureste de México. En este sentido, es necesario recordar que una tercera parte de este grupo lo conforman niños y niñas.
Las caravanas también generan reacciones en los medios y la sociedad mexicana, divididas entre muestras de solidaridad y hospitalidad, de un lado, y preocupantes brotes de patrioterismo, de otro; estos últimos impensables en una población que desde hace décadas se ha visto obligada a expulsar a millones de ciudadanos por la asfixiante falta de oportunidades prevalente. Esta mezquindad hacia los migrantes –cuya situación es irregular, mas no ilegal– ha buscado justificarse a partir de dos especies sin sustento alguno: que una significativa proporción de la caravana consta de criminales, y que la caravana misma es producto no de la desesperación de los habitantes de una de las regiones más mortíferas del mundo, sino de oscuras maniobras de grupos de izquierda dirigidas a desestabilizar y desprestigiar a los gobernantes.
Parece claro que tales reacciones están condicionadas por el designio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer de los sentimientos xenofóbicos y chauvinistas del electorado de su país su principal estrategia electoral y de gobierno, pero no puede pasarse por alto que la sociedad y la cultura política mexicanas contienen en sí mismas reflejos racistas que no cabe achacar a la propaganda del mandatario republicano. Igualmente claro debe ser que ni el golpeteo mediático ni las presiones políticas del magnate y su equipo dispensan a las autoridades mexicanas de cumplir a cabalidad su elemental deber de proteger la vida y velar por el respeto a las garantías de quien se encuentre en el territorio nacional, sin importar su procedencia o estatus migratorio.
