El pleno de la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública 2016, en una sesión en la que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México aseguraron que prevalecieron los elementos políticos y, en contraste, Morena, Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo resaltaron que en ese año el gobierno federal ejerció el gasto de manera irresponsable y discrecional.

Desde la tribuna, el diputado Fernando de las Fuentes (PRI) acusó que se trató de convertir un proceso de fiscalización en un juicio sumario, que busca poner en duda la honradez y capacidad de los funcionarios públicos por el simple hecho de no compartir la misma ideología.

Durante la sesión –en la que también los diputados se aprobaron un megapuente de seis días–, el diputado Jesús Pool Moo (Morena) presentó un ejemplo para sustentar la reprobación de la cuenta pública.

Refirió que, en ese año, el sector de desarrollo rural operó 14 programas por 65 mil 157.4 millones de pesos, sin que la Secretaría de Agricultura determinara ni cuantificara la población por beneficiar, lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población objetivo.

Las observaciones a recursos no solventados no son un tema político. Aquí no se trata de colores, sino de los recursos destinados a programas y que surgen de los impuestos. Cuando se hacen observaciones, de inmediato se piensa que es político, que afectamos al Presidente. No, señores. Quien no cumpla, se le tienen que fincar responsabilidades, aseveró.

Su compañera de bancada, Geraldine Ponce, afirmó que una de las razones para no aprobar la cuenta pública son las irregularidades detectadas en la operación de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

Los resultados de fiscalización muestran debilidades en la toma de decisiones en ambas empresas. Los resultados de decisiones de negocios en ambas entidades no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano y registraron pérdidas, indicó.

Mario Alberto Rodríguez (Movimiento Ciudadano) sostuvo que, a pesar de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, persisten irregularidades recurrentes que muestran con claridad que no se ha detenido el desvío de recursos a objetivos distintos a los programas.

Tampoco, agregó, se han evitado actos de corrupción que involucran grandes sumas de recursos públicos, como el uso de universidades públicas para desviar fondos desde las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario e incluso la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.

Xavier Azuara Zúñiga (PAN) explicó que mientras en ese año el gobierno federal recibió ingresos adicionales a los programados, repuntó la deuda pública. Este gobierno se caracterizó por la discrecionalidad en la asignación de excedentes, la opacidad en el gasto público, la falta de transparencia y la corrupción en las obras públicas, señaló.