a decisión de realizar una consulta ciudadana sobre la continuación de los trabajos del nuevo aeropuerto (NAIM) ha desatado reacciones airadas de organismos patronales, de comunicadores diversos y de agencias de opinión económica, a las que se asigna la función de representar a los mercados. Para estos diversos grupos el gobierno de AMLO debía continuar los trabajos y terminar el NAIM. No hacerlo, en su opinión, implica que la inversión, así escrita como si fuera un ente con voluntad propia y no el resultado de decisiones individuales realizadas por empresarios e inversionistas en función de un análisis costo-beneficio, se paralizaría y, por ello, el funcionamiento de nuestra economía se afectaría negativamente.
Este tipo de opiniones se han expresado reiteradamente. Cuentan con medios electrónicos y escritos para hacerlo. Es normal en cualquier democracia. Del mismo modo otras opiniones pueden expresarse de la manera que juzguen conveniente. Pueden apoyar su opinión en consultas de diverso tipo. La consulta sobre el nuevo aeropuerto, independientemente de sus innegables fallos de instrumentación, fue realizada por la fuerza política que ganó ampliamente las elecciones y que gobernará a partir del primero de diciembre próximo. Morena tiene el derecho de consultar las veces que le parezca, sobre los temas que considere pertinente y resolver que los resultados les obligan a honrar la opinión de quienes participaron, cuando estén al frente del aparato gubernamental. El presidente electo puede fundamentar sus decisiones en esta consulta, que ratifica que hay oposición ciudadana a concluir el NAIM. Su decisión tiene ahora un respaldo adicional.
Del mismo modo que Morena puede consultar lo que quiera, se puede estar en desacuerdo con suspender los trabajos o con cualquier otra decisión del gobierno de AMLO. Quienes discrepan están en su derecho de decir que es un error, que convenía más concluir. En el proceso de discusión abierto por la decisión de realizar la consulta ciudadana hemos podido constatar que existen opiniones encontradas tanto técnicas, como económicas, ambientales y, por supuesto, políticas. Diferir de la decisión de AMLO es normal, incluso conviene a la nación discutir las implicaciones.
Lo que no es aceptable es acudir al uso de supuestos valores económicos de los que son propietarios justamente los grandes grupos empresariales y los empresarios de mayor peso económico. Amenazar con acontecimientos que ocurrirían por la reacción de los mercados, como si esos mercados actuarán independientes de decisiones económicas y políticas tomadas por grupos de interés económico, es por lo menos engañoso. Los mercados no operan como las fuerzas de la naturaleza, no son como los sismos: los mercados son y serán siempre la expresión de la opinión de los grandes grupos económicos. Grupos que, como se ha documentado exhaustivamente, se han beneficiado del funcionamiento del modelo económico que existe en el país desde hace 35 años.
El pacto entre el gobierno saliente y el entrante, que se ha mantenido dentro de lo que debe ser normal en cualquier democracia, no implica que los diversos actores económicos y políticos acepten los cambios en la gestión económica y política que se van a dar. Gobernar de otra manera, implica necesariamente modificar los contenidos políticos, pero también las formas en las que se toman las decisiones. No puede soslayarse que ganaron quienes postulan que es necesario ampliar la participación estatal, que las políticas públicas deben corregirse en beneficio del país.
Lograr este cambio implica modificar la actual correlación de fuerzas económicas, políticas y sociales. Morena ganó la Presidencia, la mayoría parlamentaria en las dos cámaras, ganó el Ejecutivo en cinco entidades y la mayoría en más de 10 congresos locales. Puede plantear que el país va a cambiar. Lograrlo es otra cosa. Será necesario reconstituir al Estado, que desmantelaron los gobiernos de PRI y PAN sistemáticamente durante tres décadas y media. Será necesario, además, refutar en la práctica los principios económicos del pensamiento único, que se han instalado en la manera de entender la gestión económica como si fueran principios aceptados unánimemente.
La tarea no será fácil. Por el contrario, enfrentará resistencias de diverso tipo que argumentarán que el país dijo el primero de julio que había que cambiar, pero de modo tal que todo siguiera igual. La nueva mayoría, haciéndose cargo de su enorme responsabilidad, deberá conducir al país recuperando la necesidad del desarrollo y no sólo del crecimiento económico. Tendrá que enfrentarse con los intereses económicos reales en el país. Este inevitable conflicto deberá resolverse democráticamente.
