La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados rechazó la cuenta pública 2016 porque no se ha aclarado el destino de 98 mil 485 millones de pesos, de los cuales 84 mil 675 corresponden a estados y municipios y el resto a la administración federal.

Ese órgano legislativo, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), aprobó el dictamen para no dar el visto bueno, porque no se cumplieron los objetivos de la política de gasto; los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública.

La comisión cuidó la redacción del documento de dos cuartillas, al precisar que su aprobación no implica validar el manejo del presupuesto de ese año. De ninguna manera suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indicó.

El dictamen, que será votado en la sesión de hoy, instruye a la ASF para continuar los procedimientos jurídicos de responsabilidades relacionadas con la cuenta pública y, en su caso, sancionar las faltas administrativas que le competan.

Entre los argumentos para rechazar el ejercicio del cuarto año de este sexenio se desprende que el Ejecutivo federal ejerció ampliaciones netas por 613 mil 975 millones de pesos. Y que al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la deuda bruta del gobierno ascendió a 7 billones 447 mil 963 millones de pesos, esto es, 952 mil 884 millones de pesos más al informado un año antes.

Los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) negaron su respaldo al dictamen. Movimiento Ciudadano expresó su voto en contra de esta gestión financiera y su aplicación, y demanda su verificación con relación al marco legal.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista DE México (PVEM) también votaron en contra, con el argumento de que el dictamen contiene elementos políticos. Asimismo, la Comisión de Presupuesto aceptó la decisión de la de Hacienda para constituir dos subcomisiones que revisen si es viable convocar a una convención nacional hacendaria.