Guadalajara, Jal., La contraloría del estado interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por peculado y uso ilícito de atribuciones contra quien resulte responsable del almacenamiento de más de 300 cadáveres en dos contenedores de tractocamión, descubierto en septiembre pasado.

La contralora, Teresa Brito, explicó que en la auditoría al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no se encontraron documentos que respalden la contratación de las cajas refrigerantes, pese a que 18 funcionarios y ex funcionarios, incluido el ex fiscal Raúl Sánchez Jiménez, declararon sobre el caso.

Agregó que se entregará la información al fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz, quien decidirá si se investiga.

Según la contralora, la inexistencia de un contrato, de una fianza que garantizara la renta de ambos contenedores y de documentos que avalen lo pagado al proveedor son elementos suficientes para suponer que se violaron los derechos post mortem de las víctimas.

Hace cinco días el gobierno de Jalisco ordenó desmantelar y compactar uno de los contenedores en los que 237 cadáveres fueron almacenados y transportados por varios municipios. El vehículo estaba en las instalaciones del IJCF.

Brito anunció que esta semana será destruido el segundo contenedor, que guardó 49 cuerpos, una de las medidas cautelares que ordenó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para evitar riesgos sanitarios.

Los colectivos Por Amor a Ellxs, integrado por familiares de desaparecidos, y Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se opusieron a la destrucción de los remolques, porque eran evidencias.

Ambos organismos señalaron que las autoridades nunca les informaron que planeaban destruir los dos contenedores, lo que, consideran, violó la Ley General de Víctimas.