omo si se tratara de acercarnos un espejo, podemos analizar lo acontecido en días recientes en dos comunidades rarámuris y el anuncio de un proyecto regresivo en materia de consulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá mañana contra una comunidad zapoteca. Bien se conoce que los pueblos han intensificado la lucha por sus derechos ante el Poder Judicial con resultados ambivalentes y en algunos casos con el costo de la amenaza y o pérdida de vidas como resultado de sus movilizaciones y defensa jurídica. Dentro del déficit de justicia en nuestro país, destaca, sin duda, la histórica cadena de despojos contra los pueblos indígenas. Hoy contamos a escala de excepción, con juzgadores que de manera ejemplar y aislada se empeñan en aplicar los derechos de dichos pueblos. En ese terreno, celebramos lo que es sin duda muy relevante de ponderar: el pasado 30 de agosto (y notificada hace una semana) el pleno del Tribunal Superior Agrario emitió por unanimidad una sentencia que resuelve un recurso de revisión y revoca la sentencia que había emitido el Tribunal Unitario Agrario distrito de la ciudad de Chihuahua.
En primer lugar define la legitimación activa de los representantes de la comunidad indígena de hecho Choréachi, municipio Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua, cuestión que el Registro Agrario Nacional intentó desvirtuar. Reconoce la propiedad y posesión ancestral de dicha comunidad. Es muy relevante, siguiendo la excepcionalidad, que sustenta su decisión, a partir de los artículos primero y segundo constitucionales, incluso el 27 en este contexto, y aplica el nuevo paradigma de derechos humanos para realizar control de convencionalidad a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
El origen del conflicto se remonta a la decisión de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por la sobreposición de linderos en favor de la comunidad mestiza Colorada de los Chávez, con los del territorio de los rarámuris de Choréachi, lo que legalizó un despojo. Sucedió que la carga de la prueba recayó en quienes tenían la posesión inmemorial, y el litigio ante las autoridades agrarias se inició desde 1998, primero por conducto de movilizaciones y por 2007 les asesoró y han acompañado integrantes de la organización Alianza Sierra Madre. Justamente su directora pidió a la Fiscalía General del estado y la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación protección para los habitantes de la comunidad y los defensores, ante posibles represalias tras la resolución, recordando que las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen ya tiene mecanismos de protección, al igual que los defensores de derechos humanos de la asociación civil que sólo pueden ingresar a la región con acompañamiento policial, debido a las amenazas de muerte existentes. Desde fuera puede verse extraño ese enfásis; sin embargo, no sólo existe el riesgo de que se evada o retrase el cumplimiento de la resolución, sino que se presente la violencia como respuesta a este triunfo jurídico. Y horas después de anunciarlo, se presentaron evidencias de este patrón con el crimen del defensor rarámuri Julián Carrillo, en su comunidad, Coloradas de la Virgen, vecina de Choreáchi, que asesora la misma organización.
Amnistía Internacional informó que en varias ocasiones Julián Carrillo se reunió con ellos y platicó que de un tiempo a la fecha algunos terratenientes se habían apropiado, de manera fraudulenta, de las tierras pertenecientes a los rarámuris para entregarlas al crimen organizado. Tras esto, los afectados interpusieron reclamos agrarios
ante las autoridades para recuperar sus títulos de propiedad, pero a cambio sólo recibieron amenazas de los terratenientes. Ante el asesinato, el propio secretario de Gobierno de Chihuahua reconoció que son insuficientes las medidas del mecanismo de protección a periodistas y de derechos humanos, que él tenía asignado un teléfono satelital que desafortunadamente presentó fallas cuando intentó pedir auxilio.
Las diversas instancias nacionales e internacionales de derechos humanos exigen justicia. El gobierno, como en otros casos, ofrece investigar y el olor a impunidad se hace presente. Duros mensajes para los rarámuris y el resto de los pueblos.
En otro contexto, está por concluir un caso que cuestiona la forma que tomó la llamada consulta, hecha pasar incluso como consentimiento, sobre el proyecto Eólica del Sur, en Juchitán, Oaxaca. Tras la obtención de una suspensión mediante un amparo promovido por mil 100 integrantes de la comunidad zapoteca, llegó otro juez que decretó sobreseimiento y validó la consulta hecha por la Secretaría de Energía. La Corte atrajo el caso y en su proyecto reproduce el discurso de esta dependencia, elude toda consideración a anomalías como la representatividad viciada y decisiones previas a la consulta, entre muchos otros. Lamentable.
