La administración federal que está por concluir hereda una Procuraduría General de la República (PGR) acéfala desde hace un año, que deja pendientes investigaciones importantes sin revolver.

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto pasaron tres titulares: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade, así como y un encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán.

Son varios los pendientes con que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tendrá que lidiar para esclarecer casos como desaparición de personas, que aún no termina por dimensionarse en el país: ex gobernadores en prisión en espera que un juez determine su situación, así como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso con el mayor número de detenidos que no termina por resolverse.

Entre las herencias que deja la administración peñista están los más de 37 mil desaparecidos. Aunque se cuenta con perfiles genéticos para la confronta en la PGR, tanto de cuerpos recuperados como de familiares que buscan a sus desaparecidos, no ha sido posible avanzar.

La dependencia prevé contar en 2019 con un banco nacional de datos forenses para incorporar toda la información genética y cotejarla con la que tiene de los familiares.

En el caso Igauala han pasado cuatro años sin que la PGR dé certeza de que todos los cuerpos fueron incinerados por criminales en el basurero de Cocula.

Varios detenidos alegan que fueron torturados por autoridades ministeriales; el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que la PGR y otras dependencias se inconformaron por la creación de una comisión de investigación para la verdad que ordenó un tribunal colegiado.

Casos de ex gobernadores que quedan pendientes son el de Roberto Borge (Quintana Roo) y Guillermo Padrés Elías (Sonora).