Las estrategias del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de financiamiento a la educación superior, no se propusieron ajustar el modelo de asignación presupuestal a las universidades públicas, pues no reconocieron los problemas que hay en este ámbito y que han sido documentados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), de acuerdo con estudios universitarios.

Dos problemas principales en materia de financiamiento que han sido identificados por la Anuies son la insuficiencia para atender de manera adecuada las necesidades de expansión y consolidación de las universidades, y la falta de certeza en los presupuestos que les son asignados anualmente por los gobiernos estatales y federal.

De acuerdo con los trabajos del académico Javier Mendoza, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, esos puntos no fueron atendidos por las políticas de Peña Nieto en la materia.

Para Mendoza, en la primera mitad de la actual administración federal las políticas de financiamiento aplicadas continuaron las establecidas desde 1989, sin que se diseñaran instrumentos de nueva generación.

Además, se desaceleró la tendencia de crecimiento del financiamiento federal a la educación superior, pues la tasa de crecimiento anual del presupuesto del sector entre 2012 y 2015 fue de 2.9 por ciento, que resultó ser la más baja después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ello afectó el funcionamiento de un sistema público de educación superior en constante expansión y diversificación, pues la matrícula atendida creció más que el presupuesto asignado.

Caída de precios en petróleo redujo gasto en educación

La baja de los precios del petróleo en 2015 marcó una etapa de contracción del gasto en educación superior. Y los primeros programas presupuestarios en ser recortados fueron los fondos extraordinarios, recursos adicionales a los presupuestos que habían servido de apoyo para la operación de las universidades.

En tanto, ante el déficit financiero que enfrentan 10 universidades públicas, trabajadores académicos y administrativos de al menos 25 instituciones preparan paros de labores y protestas para este lunes, coordinadas por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).

El déficit acumulado de las 10 universidades públicas del país que enfrentan una grave crisis financiera es de casi 18 mil 700 millones de pesos, según información entregada por los rectores al Congreso de la Unión. La situación afecta a las universidades autónomas de Chiapas, estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, a la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Veracruzana.

Los rectores y la Anuies han planteado que entre las razones de la crisis financiera está el que en las universidades públicas hay plantillas laborales no reconocidas por el gobierno, las prestaciones negociadas con sindicatos que no están contempladas en el presupuesto, la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de jubilación y pensión, entre otras.

La carencia de recursos ha llevado a que estas universidades tengan adeudos en el pago de impuestos y con los proveedores de seguridad social, algunas no han logrado cumplir con el pago de préstamos bancarios. Además, el menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción en los fondos extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017 agravaron la condición financiera de esas universidades, según documentos de las casas de estudio.

Mientras los rectores de las 10 universidades que están al borde de la quiebra sostendrán el miércoles una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que esperan que se acuerde la entrega de recursos para el pago de adeudos, nóminas y prestaciones de fin de año, Enrique Levet, secretario general de la Contu, dijo: No es de nuestro interés en este momento cuáles son las razones de la crisis, sino que los gobiernos den respuesta a la situación crítica de las universidades.