La Presidencia de México, la Procuraduría General de la República (PGR), la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentaciones sobre la imposibilidad jurídica y material de integrar una comisión de la verdad y la justicia para el caso Iguala.

El máximo tribunal analiza el incumplimiento de las sentencias de tribunales con sede en Tamaulipas que ordenaron la creación de la comisión de la verdad en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Ayotzinapa.

Según información dada a conocer mediante las listas de notificación de la SCJN, las instituciones involucradas en la creación de la comisión de la verdad mantienen su posición de imposibilidad jurídica y material para cumplir las resoluciones dictadas por tribunales con sede en Tamaulipas dentro de los amparos en revisión 203/2017, 204/2017, 205/2017 y 206/2017.

Lo anterior forma parte de los escritos que por separado han entregado a la Corte las autoridades responsables, y con los cuales dieron respuesta al requerimiento que ésta les formuló respecto al cumplimiento de la sentencias.

Asimismo, faltaba por recibirse la información relacionada con el primer tribunal colegiado del 19 circuito en este caso, que fue el órgano que dio trámite a los cuatro incidentes de inejecución de sentencia y que fueron atraídos por la SCJN.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, aún no concluye el texto y no hay una propuesta de solución alternativa o que sea viable a la comisión que deberá establecer las líneas de investigación a seguir en este caso.