Tijuana, Bc., La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la recomendación 8/2018 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), referente a 12 expedientes de 33 personas desaparecidas entre 2003 y 2016.

En el primer año, la víctima fue una adolescente; en 2005, dos mujeres de 19 años, y el resto entre 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 y 2016. Entre los ausentes hay una joven de 25 años y hombres de entre 19 y 34 años, informó el organismo en un comunicado. Detalló que de 2015 a la fecha en el estado se han reportado 402 desapariciones.

Exhorta a la PGJE, a cargo de Perla del Socorro Ibarra Leyva, a cumplir con 15 puntos, porque se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica, a la adecuada procuración de justicia, a la debida diligencia, a la verdad y al interés superior de la niñez.

Le pide hacer pública la recomendación y crear un panteón ministerial al cual sean trasladados los cuerpos no identificados.

Recomienda contactar a las familias de las personas desaparecidas para darles atención sicológica, siquiátrica, de tanatología, médica, social y orientación jurídica necesaria y gratuita; asimismo, reparar los daños y entregar compensaciones, de acuerdo con los estándares internacionales, además de esclarecer las denuncias, y en el supuesto de fallecimiento, identificar y entregar los restos a sus familiares.

Insta a la PGJE a que establezca un programa de capacitación y formación para su personal, esencialmente los fiscales, agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales, y emitir una circular para que se investiguen las denuncias de desaparición, y se dé acceso a las pesquisas a familiares de las víctimas.

Pide que se analice el funcionamiento de las unidades estatales Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, de Atención al Delito de Secuestro y de Servicios Periciales, para que en caso de encontrar irregularidades iniciar los procedimientos administrativos o penales necesarios y fortalecer dichas instancias con recursos materiales y humanos, con lo que también cumpliría con los plazos para dar resultados.

De no contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de algún punto recomendatorio, deberá solicitar el presupuesto necesario al Congreso del Estado, menciona el organismo.