Managua. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron ayer sobre el aumento de la violencia en Nicaragua tras más de seis meses de crisis política, la más grave que vive el país en décadas recientes.

En un primer reporte mensual de seguimiento a la situación de derechos humanos en el país centroamericano, la Oacnudh denunció que no ha observado ninguna mejora en la situación de los derechos humanos y ha detectado un marcado incremento en el hostigamiento, intimidación y criminalización contra las manifestaciones antigubernamentales y los defensores de derechos humanos.

El informe del organismo, a cargo de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, resume un monitoreo realizado del 1º al 30 de septiembre desde Panamá, donde se instaló la misión de la Oacnudh acreditada en Nicaragua para investigar la situación de derechos humanos, tras ser expulsada por el presidente Daniel Ortega el 31 de agosto.

Antes de ser despedida, la organización recomendó al gobierno cesar los ataques y la criminalización contra manifestantes y defensores de derechos humanos, desarmar a los grupos parapoliciales y poner en libertad a las personas aprehendidas de forma arbitraria.

El informe también cuestionó el trato a los detenidos, las violaciones al debido proceso, la situación de quienes huyen de Nicaragua y la contracción económica que impacta negativamente sobre los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación.

En tanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), nombrado por la CIDH para investigar los casos de violencia, sugirió en Managua la creación de una fiscalía especial para dilucidar los asesinatos ocurridos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones contra Ortega por la polémica reforma al sistema de seguridad social, que posteriormente fue derogada.

En un comunicado, el GIEI denunció la falta de apoyo de Ortega a la investigación, que calificó de compleja y difícil. Agregó que la nueva entidad de investigación permitiría fortalecer el Poder Judicial, puesto que el sistema de justicia actual no da garantías.

En este contexto, autoridades de Nicaragua impidieron ayer el ingreso al país de una misión del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, pese a que tenían invitación de la CIDH. Tres activistas de la organización llegaron la mañana de ayer al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, pero inmediatamente fueron expulsados a Costa Rica sin ninguna explicación.

La crisis ha dejado al menos 200 muertos, según el gobierno. Sin embargo, la CIDH ha contabilizado unos 350 decesos y organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 528.