La existencia de empresas fantasmas utilizadas para cometer gran cantidad de desvíos de recursos públicos podrá combatirse con una estrategia que combinaría la creación de un registro de compañías sospechosas y el inicio de juicios penales contra los presuntos responsables de cometer irregularidades, indicó Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción.

En entrevista con La Jornada, el experto en temas de derecho fiscal y administrativo indicó que la propuesta del CPC se fundamenta en la elaboración de una plataforma que retome las bases de datos existentes en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reúna los nombres de empresas sospechosas de ser fantasmas, pero también aquellas que no están al corriente en el pago de sus impuestos.

Ambos tipos de compañías estarían automáticamente descalificadas para celebrar contratos con el gobierno federal, pero también con los estatales y municipales.

Al mismo tiempo, las empresas confiables podrían tener opciones más sencillas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

De forma paralela, señaló Pérez de Acha, la iniciativa del CPC –retomada por Morena en el Senado– plantea la necesidad de hacer grandes operativos en contra de todos los participantes en el surgimiento de las compañías fantasmas, entre los que se encuentran asesores legales y financieros, contadores, notarios públicos y ejecutivos bancarios.

Una vez identificadas las personas que orquestan estos macrofraudes, es necesario que el nuevo gobierno actúe penalmente en contra de ellas, con acusaciones por cargos como fraude fiscal, corrupción, lavado de dinero e incluso delincuencia organizada.

Todo ello, enfatizó el especialista, podría lograrse sin crear nuevas leyes ni organismos, sino utilizando de manera eficiente los que ya existen, en particular las bases de datos y el personal del SAT, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República.