l 22 de agosto pasado el pueblo chinanteco se anotó un importante triunfo cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública su decisión de negar a la empresa Generación ENERSI la autorización que necesitaba para construir una hidroeléctrica en los cauces de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande, afluentes del río Usila, tributario a su vez del Papaloapan, autorización que por tercera vez había solicitado. Otro caso de triunfo relacionado con presas hidroeléctricas es el que el pueblo de Temacapulin en el estado de Jalisco ha obtenido después de 13 años de lucha, pues el 2 de octubre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les notificó a las personas que se habían amparado para no ser expropiadas, que desistía de su intención de hacerlo ya que el proyecto de construir la cortina a 105 metros había sido declarado judicialmente inexistente.

Un tercer megaproyecto que ha sido detenido es el de las mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla; donde el juzgado quinto de distrito del estado ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones mineras por haberse otorgado violando los derechos del pueblo masehual, además de afectar la biodiversidad y el medio ambiente de la región. A este triunfo hay que agregar el obtenido por el pueblo mayo de Sinaloa, a quienes el 15 de octubre el juzgado sexto de distrito en el estado otorgó una suspensión provisional de la construcción de la planta de amoniaco que se levanta en la bahía de Ohuira, en Topolobampo y, el 19 de octubre, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en el estado de Jalisco, negó al empresario Guillermo Moreno un amparo para seguir usufructuando 12 hectáras del pueblo Coca, de Mezcala, que desde hace años ha invadido.

Dos triunfos que no se pueden pasar por alto son los del pueblo yaqui de Loma de Bacum contra el gasoducto que los empresarios planeaban pasar por sus tierras y el del pueblo rarámuri de Chorechi que había sido despojado de sus tierras. Contra los dos se habían instarurado juicios de amparo en el primero, y agrario en el segundo. En el caso de los yaquis, el proceso judicial no ha concluido pero ha detenido la obra, tanto que, se anunció, la gobernadora del estado de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, llegó a un acuerdo con los empresarios para modificar el trazo del gasoducto y de esa manera la obra no afecte a los quejosos. Aunque no han presentado su decisión ante el tribunal que conoce del caso, lo han anunciado públicamente, razón por la cual los demandantes consideran que finalmente los empresarios y el gobierno han desistido de su intención de afectarlos para sacar adelante sus proyectos.

En el caso de la comunidad rarámuri de Choreachi en el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, el día 30 de agosto el Tribunal Superior Agrario en ese estado la reconoció como titular de derechos agrarios –territoriales– que le habían sido negados por décadas, como una maniobra para que no pudieran oponerse a la explotación irracional de los bosques de la región. En consecuencia, el tribunal declaró nulas las resoluciones presidenciales que abarcan tierras posesionadas por los habitantes de Choreachi, así como las actas y los actos que violenten esos derechos.

No tienen ninguna, pero después de las elecciones del primero de julio pasado los pueblos indígenas y campesinos que por años han luchado contra los megaproyectos que afectan su existencia, han obtenido importantes batallas en esta lucha que también es por la vida.