l director del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo ayer que 18 instituciones financieras se vieron obligadas a cambiar a un sistema de pagos alterno después de los ataques cibernéticos del martes pasado contra los sistemas de la empresa de seguros Axa.

Díaz de León garantizó la eficiencia del Sistema de Pagos Electrónicos Iterbancarios (SPEI, por medio del cual se realizan las transferencias interbancarias en el país), aseguró que los ataques no causaron pérdidas a los usuarios del sistema financiero y, además, afirmó que el índice de capitalización del sistema financiero es resistente ante escenarios de estrés e intentos de intrusión digital.

Como se recordará, el pasado 24 de octubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México emitieron una alerta roja en seguridad informática tras revelar que en los primeros días de la semana Axa había reportado inconsistencias en la conciliación de sus cuentas de tesorería, ante lo cual diversas empresas financieras optaron por trasladar sus operaciones al sistema de pagos afectó.

Previamente, en septiembre, el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, alteró sobre el hecho de que el año pasado las pérdidas provocadas por la acción de los ciberdelincuentes en el país ascendieron a 7 mil millones de dólares y señaló que el gobierno debe ser “un articulador que genere las políticas públicas para generar ciberseguridad”. Antier, Angie Aguilar Domínguez, de la Coordinación de Seguridad Informática de la UNAM, dijo que al menos 33 millones de mexicanos han sido víctimas de algún ciberataque por medio de phishing, spam, denegación de servicio o ramsomware, algunas de las modalidades de las que se vale la criminalidad digital para obtener acceso a las cuentas de correo, bancarias, empresariales, laborales y de redes sociales de las víctimas.

La ciberdelincuencia es, desde luego, un fenómeno mundial que escapa al control de las autoridades nacionales y que ha venido en aumento conforme avanza la digitalización de los más diversos aspectos de la vida en sociedad. Por desgracia, la perspectiva lógica es que se incrementará en los años próximos y que ganará en complejidad técnica. Ante ese fenómeno, es recomendable impulsar programas de difusión y capacitación en ciberseguridad para los usuarios de Internet y la ciudadanía en general. No será posible erradicar las prácticas fraudulentas y delictivas de las redes, pero sí es factible minimizar los riesgos de sufrir daños patrimoniales o de otra índole si los ciudadanos usuarios de la banca se capacitan en las medidas básicas para protegerse de los ataques.

Por otra parte, es claro que los sistemas financieros en línea que se emplean en el país distan mucho de ofrecer un grado de seguridad razonable a sus clientes y que las empresas responsables tienen mucho que hacer en esta materia. Por añadidura, hay el dato de que una parte de los fraudes digitales cuentan con la complicidad de empleados del sector bancario, un asunto que amerita una intervención decidida de las autoridades del ramo.

En suma, la ciberdelincuencia llegó para quedarse y ante ese indeseable fenómeno corresponde a ciudadanos y usuarios tomar conciencia de los mecanismos empleados por los atacantes y de las maneras de prevenirlos; a las empresas toca invertir en el mejoramiento de sus sistemas y a las autoridades, promover la ciberseguridad y armarse de voluntad política para esclarecer y aplicar la ley en los casos que se registren.