En el estado de México no hay condiciones para impedir que las mujeres sigan siendo víctimas de feminicidio y desaparición, debido a la falta de capacitación de las autoridades judiciales encargadas de los casos, la saturación de trabajo de dichos funcionarios y el deficiente nivel de sistematización de datos sobre el tema, entre otros factores.

Así lo advirtieron diversas organizaciones de familiares de víctimas, las cuales subrayaron que las fallas y omisiones de las autoridades mexiquenses en este terreno son una forma de complicidad que ha propiciado la falta de castigo a los responsables de ambos delitos y, por tanto, su continuación.

En conferencia de prensa, integrantes de los colectivos Alondras Unidas en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos, Uniendo Esperanzas, Nos Queremos Vivas Neza y Familias en Búsqueda María Herrera destacaron que el grupo de trabajo interinstitucional que analiza el tema de agresiones contra las mujeres en el estado de México envió recientemente un informe al gobierno local sobre las fallas en el combate a la violencia de género.

En dicho estudio, el grupo de trabajo –conformado por representantes de diversas instituciones de gobierno y órganos autónomos, además de investigadoras universitarias– advirtió que entre 2012 y agosto de 2018 se registraron 2 mil 407 casos de mujeres desaparecidas en sólo siete municipios mexiquenses.

Lo anterior indicaría –afirmaron los colectivos civiles– que el fenómeno de la violencia contra ese sector se ha agudizado durante el año en curso, por lo que es urgente construir una política integral para prevenirlo y erradicarlo.

Una de las conclusiones del informe –destacada por las organizaciones de familiares– es que hasta la fecha no se ha judicializado carpeta alguna de investigación relacionada con desaparición forzada o cometida por particulares cuyas víctimas sean niñas, adolescentes o adultas.

De igual forma, se documentó que en las instituciones de procuración de justicia hay personal insuficiente, ausencia de procedimientos de selección y evaluación de servidores públicos, así como un nivel deficiente de sistematización de la información, que impide relacionar la desaparición de mujeres con otros delitos, como secuestro, trata o feminicidio.

Todo lo anterior, lamentaron las familiares de víctimas, provoca que la gran mayoría de los casos se vuelvan investigaciones de escritorio y, por ende, que sean las propias madres de las desaparecidas o asesinadas quienes lleven a cabo sus indagatorias, con el consecuente riesgo de ser agredidas.