a intención de recortar personal de confianza, de disminuir los salarios judiciales, de fijar como referente único en materia de ingresos al presidente electo, ente otros actos de una administración sexenal que sin haber entrado ya está funcionado en las cámaras legislativas, entraña una demagogia, en tanto se esgrime un argumento discutible, al no hacer el planteamiento completo. Los montos de los salarios son discutibles. Es claro que el presidente tiene muchos ingresos diversos del salario. Pero el engaño reside en no establecer si el salario que percibía el personal de confianza o que obtienen los integrantes del Poder Judicial, es acorde con sus obligaciones y facultades.

Se reclama el abuso de los funcionarios por sus altos ingresos, pero no se establece si esos asesores en verdad trabajaban o si esos magistrados realmente resuelven los juicios. Se castiga políticamente sin hacer mención del desempeño. Esto, por decir lo menos, es una información parcial. Según el circuito y la materia, un juez resuelve más de 25000 acuerdos y sentencias al año, en ocasiones muchísimo más. Además, una sola sentencia puede involucrar el estudio de decenas o centenas de tomos de pruebas y alegatos que deben revisarse: resolver contra constancias es delito. Ese rendimiento es exponencialmente superior al de cualquier legislador, suponiendo indebidamente que fuera lo mismo resolver un juicio que hacer un dictamen legislativo o comparecer a una sesión, ya fuera para reformar la constitución o un reglamento. Además, las ausencias de legisladores y jueces son incomparables. Lo mismo sucede con los funcionarios del ejecutivo: sus funciones son distintas, con responsabilidad diferentes. Pretender establecer la misma referencia salarial para los tres Poderes de la Unión es, por decir lo menos, inequitativo.

Quizá lo más destacado de establecer montos salariales sin valorar las funciones, a partir del salario del presidente, es el anhelo cumplido de uno de ser referente nacional y el anhelo del resto de tener una figura en quien delegar la responsabilidad del propio bienestar. El regreso al presidencialismo extremo, donde el jefe del ejecutivo ha institucionalizado su certeza de ser el centro del país, es irreversible. El poder unipersonal se ejerce incluso antes de estar legalmente facultado para ello. La historia evidenciará que la época donde el ejecutivo ordenaba sin contrapeso no se repetirá por muchos factores. A pesar de esos empeños unipersonales y multitudinarios.