oy debe iniciarse la indagación del ánimo popular respecto de proyectos aeroportuarios. No es una consulta popular conforme lo establecen las leyes ni tendrá efectos legales vinculantes (en términos jurídicos, algo es vinculante cuando obliga a las partes a su cumplimiento), pero el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que cumplirá con rigor los resultados de ese ejercicio de auscultación y, además, el desenlace habrá de impactar terrenos delicados de la vida pública, como la confiabilidad o no de ese tipo de consultas y el posicionamiento del propio AMLO ante sus seguidores, cuya gran mayoría se opone al proyecto con sede en Texcoco, y ante la recelosa comunidad empresarial, que rechaza la alternativa que incluye la base militar de Santa Lucía.

Una primera consecuencia positiva ha sido el fomento de la discusión abierta de temas que son de alta complejidad técnica, pero inscritos en el anchuroso terreno de las políticas públicas. Nunca antes se había tenido oportunidad de asomarse a los entretelones de un proyecto de esta magnitud (ni de ninguna otra) ni se había ofrecido al ciudadano, sólo por serlo, la posibilidad de votar para definirlo.

Accidentado ha sido el proceso que desembocará en cuatro días de urnas abiertas, suspicacias varias y amagos empresariales, financieros y bursátiles (ayer, el peso ya necesitaba casi 20 unidades, 19.93, para comprar un dólar). El candidato presidencial López Obrador fue un duro opositor del proyecto de Texcoco, al que llegó a calificar de barril sin fondo y a poner de ejemplo de corrupción desmedida. El cerrado rechazo obradorista hizo saltar, meses atrás, al propio Carlos Slim en defensa del nuevo aeropuerto internacional. De entonces a la fecha se ha producido un giro de incertidumbre cuyos aires a veces parecen inclinar la voluntad andresina hacia la cesión del proyecto Texcoco a los inversionistas encabezados por Slim y, en otras ocasiones, parece preparar todo para la opción del actual aeropuerto, Toluca y Santa Lucía.

A final de cuentas, la consulta informal podría permitir ajustes sobre la marcha si es que sube de tono la embestida de segmentos empresariales en defensa de la obra en Texcoco. Incluso ha de considerarse que cuatro estudiantes de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México han solicitado a la justicia federal que impida la realización de esa consulta, demanda que el juez de distrito Juan Carlos Guzmán Rosas no benefició con una inmediata suspensión provisional del acto reclamado, pues consideró necesario determinar si los actos del presidente electo pueden ser sometidos a control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo, (lo cual) es una cuestión que se involucra con el análisis que deberá realizarse en la sentencia de fondo. En estos días, pues, se cerrará lo que habrá de ser el acierto o el error de octubre. Es de desearse que, por encima de las eventuales insuficiencias procesales, el resultado de este experimento deje satisfechas a las partes y permita al país avanzar sin mayores alteraciones.

En una operación cuyo móvil y ejecutor(es) se desconocían a la hora de cerrar esta columna, Estados Unidos se asomó ayer a un peculiar intento de terrorismo político: paquetes bajo sospecha de contener explosivos (sospecha que luego fue confirmada en varios casos) fueron enviados a direcciones correspondientes al ex presidente Barack Obama, a la ex candidata presidencial Hillary Clinton, a la cadena noticiosa CNN, a una legisladora federal y, un día antes, al polémico multimillonario George Soros.

Ninguno de los paquetes explotó. Policías y expertos tomaron control de cada situación. Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence hicieron declaraciones. Pero fue inevitable la especulación derivada del escenario polarizado que vive Estados Unidos rumbo a las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre. Todos los destinatarios de los extraños envíos han sido opositores y críticos de la administración Trump: miembros del Partido Demócrata, los políticos; constantemente agredida por el magnate, la CNN.

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