La compañía mexicana de servicios petroleros Oro Negro obtuvo un recurso legal en Estados Unidos que obliga a sus acreedores a desistir de cualquier acción encaminada a tomar posesión de cinco plataformas localizadas frente a las costas de Campeche, pues en caso de ser violado serán objeto de sanción bajo las leyes de ese país.

Tras la irrupción de un helicóptero que transportaba a un apoderado legal de los acreedores de esa firma, en un intento por recuperar las plataformas petroleras el fin de semana pasado, la juez con sede en Nueva York, Shelley Chapman, ordenó a los acreedores, a sus representantes y a sus abogados, cesar inmediatamente de cualquier acción encaminada a tomar posesión de las plataformas Decus, Fortius, Impetus, Laurus y Primus.

Una violación a la orden tendría consecuencias penales y civiles, dijo la firma de abogados estadunidense Quinn Emanuel. Si el personal que representa a los acreedores se consideran exentos del ordenamiento será bajo su propio riesgo y sancionado bajo la ley de Estados Unidos, señaló una fuente del bufete entrevistada vía telefónica.

Oro Negro es la poseedora de las plataformas debido al derecho que le dan los contratos de arrendamiento que tiene con filiales de Oro Negro, los cuales se rigen por la ley de Estados Unidos, dijo la fuente, quien consideró una violación a las leyes estadunidenses la irrupción del abogado Ricardo Contreras en Decus el domingo pasado.

La orden tiene efectos hasta el 30 de octubre, fecha en la cual se celebrará una audiencia para decidir si este recurso tendrá efectos permanentes.

Proceso paralelo

Quinn Emanuel explicó a La Jornada que en Nueva York hay un proceso de restructura de Oro Negro bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de Estados Unidos y es paralelo al que se lleva a cabo en México. La corte que emitió la orden de prohibición reconoce el proceso de restructura en México, por lo que cualquier acto de ejecución en contra de bienes y derechos de Oro Negro quedan prohibidos.

Durante la etapa previa a la reforma energética, Oro Negro, propiedad de Gonzalo Gil White –hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– y de José Antonio Cañedo White –sobrino del ex funcionario– obtuvo préstamos por más de 900 millones de dólares para operar las cinco plataformas con contratos con Petróleos Mexicanos.

Ante la crisis de petroprecios, Pemex canceló contratos con Oro Negro y la compañía mexicana se sometió a un concurso mercantil.

Para la representación legal de los acreedores de Oro Negro, Decus –donde supuestamente está retenido el abogado Ricardo Contreras– ya es posesión de sus clientes porque hay un mandato de restitución de bienes emitido por un juez asentado en la Ciudad de México.