La Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha realizado ninguna investigación sobre las denuncias de soborno y corrupción vinculados a la empresa Odebrecht. La titular de la dependencia federal, Arely Gómez González, sostuvo que no cuentan con facultades para ello y sólo han indagado irregularidades administrativas.

Aseguró que esta empresa ha recibido la multa más alta, de más de mil millones de pesos, y sólo en México se le han impuesto sanciones administrativas, pero –insistió– éstas no son por las acusaciones de cohecho.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Gómez González detalló que en los pasados dos años han realizado diligencias relacionadas con el Paso Exprés de Cuernavaca; las contrataciones entre entidades públicas y universidades vinculadas con presuntas irregularidades en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano bajo la titularidad de Rosario Robles; las acciones de rehabilitación tras los sismos de 2017, y las denuncias sobre el caso Odebrecht y sus filiales.

En estos y en otros casos se realizaron las investigaciones conducentes de manera exhaustiva e, insisto, conforme a las facultades de la SFP, y se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, indicó.

Explicó que la dependencia inició un expediente de investigación en la unidad de responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en 21 filiales relacionadas con Odebrecht, luego de que autoridades de Estados Unidos denunciaron una presunta red de corrupción con la que esa empresa logró contratos en varios países, pero las indagatorias se restringieron sólo a los expedientes que coincidieran con los tiempos en los que se habrían realizado los presuntos sobornos.

A pesar de las inhabilitaciones y multas relacionadas con filiales de la firma brasileña en México, Gómez González reconoció que dichas medidas no se aplicaron por el delito de cohecho, sino por irregularidades en la ejecución de los contratos y costos indirectos, así como por duplicidad de servicios y simulación del cumplimiento de garantías de obligaciones contractuales.

Por lo que hace al posible soborno, la SFP no tiene facultades para investigar; al momento de los hechos, la conducta o soborno no estaba prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; su investigación se centró en la adjudicación y ejecución de los contratos, explicó la funcionaria federal.

Explicó que las denuncias de soborno serán materia de investigación del Ministerio Público Federal y, por las sanciones administrativas emitidas, consideró que no se puede decir que la secretaría ha sido omisa en este caso.

Diputados federales de los partidos Morena, Acción Nacional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática lanzaron críticas a la titular de SFP por la actuación de la dependencia en el caso.

“Lamentamos que ante la evidente corrupción de este sexenio las autoridades e instituciones del Estado se hayan hecho de la vista gorda y no se hayan sancionado sus casos… Su expresión queda como una ominosa huella indeleble”, aseguró la panista Martha Elisa González.

En respuesta a los cuestionamientos de los diputados sobre Emilio Lozoya, ex director de Pemex y a quien se vincula con el caso Odebrechet, así como a Rosario Robles, vinculada a denuncias de contratos millonarios irregulares firmados por las dependencias que ha encabezado, Gómez González señaló que sí investigan su patrimonio, pero indicó que no podía ofrecer detalles sobre las investigaciones, ya que están en la fase de aclaraciones de ambos servidores públicos.