Nueva York. El objetivo que hace 10 años se fijaron los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para eliminar o reducir el tráfico, consumo, producción y uso de drogas ilícitas en el mundo ha fracasado y a menudo ha sido contraproducente, apuntó un informe difundido este lunes.

Elaborado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), con base en datos de la ONU y de otros estudios académicos, el informe señaló que las cifras desgarradoras demuestran la carnicería que la guerra contra las drogas ha desatado en la última década.

El mercado mundial de drogas es más grande y más robusto que nunca, a pesar de los millones de dólares invertidos en la reducción de la oferta y en el riguroso cumplimiento de la ley. En paralelo, los daños de los enfoques represivos han alcanzado proporciones épicas, dijo Ann Fordham, directora del IDPC.

Titulado Balance de una década de políticas de drogas, el documento destacó que ha habido un aumento de 145 por ciento en las muertes relacionadas con este flagelo en la última década, totalizando 450 mil durante 2015.

Subrayó, además, que al menos 3 mil 940 personas han sido sentenciadas a la pena de muerte y ejecutadas por un delito relacionado con las drogas en la última década en 33 países.

Asimismo, cerca de 27 mil ejecuciones extrajudiciales se han registrado por la campaña contra las drogas en Filipinas; en tanto que más de 71 mil muertes por sobredosis se reportaron en Estados Unidos sólo en 2017.

En el mundo, además, se ha registrado un encarcelamiento masivo alimentado por la criminalización de las personas que consumen drogas; uno de cada cinco presos ha sido privado de la libertad por delitos relacionados con éstas, principalmente por posesión para uso personal.

El documento indicó que el Informe Mundial sobre Drogas de 2018 elaborado por la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU señaló que la gama de drogas y los mercados de se están expandiendo y diversificando como nunca antes.

Por un lado, países como Uruguay y Canadá han regulado el uso de la mariguana para uso recreativo en adultos; en tanto que se endurecen enfoques destructivos como el del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.