an pasado 50 años y el 68 sigue marcando nuestro presente. Su memoria nos debería llamar a imaginar una economía política de las transformaciones productivas y una política democrática para la inclusión. Las condiciones sociales y políticas que vive la mayoría son precarias y las instituciones necesarias para su protección endebles. Estamos obligados, o deberíamos estarlo, a resolver en democracia los problemas de la pobreza y la desigualdad; a desenterrar, como apuntaba Octavio Paz, semillas de solidaridad:

“(…) en las profundidades de la sociedad hay –enterrados, pero vivos– muchos gérmenes democráticos, apuntaba el poeta. Estas semillas de solidaridad, fraternidad y asociación no son ideológicas, quiero decir, no nacieron con una filosofía moderna, sea la de la Ilustración, el liberalismo o las doctrinas revolucionarias de nuestro siglo (…) Son una extraña mezcla de impulsos libertarios, religiosidad católica tradicional, vínculos prehispánicos y, en fin, esos lazos espontáneos que el hombre inventó al comenzar la historia”.

Es una oportunidad y un desafío que tienen plazo: si no cambiamos la distribución del ingreso en la década que comienza, y alcanzamos un crecimiento económico mayor, México habrá dejado de ser un país de jóvenes sin empleo, para convertirse en una nación de viejos empobrecidos y sin seguridad ante la vida. Como postula el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD):

La riqueza para preparar y sostener a esa generación y a ese futuro debe ser creada y distribuida desde ahora, creciendo, echando mano de aquello con lo que contamos y hemos producido en las transiciones del nuevo siglo: márgenes de libertad y pluralismo como nunca los tuvimos, pero escuchando, ahora sí, el mensaje igualitario de la democracia.

Pensar en un México democrático y habitable que se hace cargo de la pobreza, el empobrecimiento y la aguda concentración del ingreso y la riqueza mediante una cooperación socialmente productiva es honrar la alegría, el entusiasmo y la esperanza con las que ayer los jóvenes, de la mano con las clases urbanas emergentes, trabajadores, empleados, profesores, familias enteras, se abrazaban o discutían en torno a esa emergencia antiautoritaria: expresión de un México que no cabía más en aquellos rígidos moldes de la revolución hecha sistema de gobierno.

Nuestro pluralismo es consecuencia irrenunciable del gran movimiento que, comenzando en 1968, prosigue hasta nuestros días. Pero insistamos: ningún esfuerzo democrático tendrá sentido si no abre paso a la equidad y refuerza la participación popular. Se trata de reclamos que una versión moderna de la solidaridad y la fraternidad resumirían virtuosamente, porque suponen la existencia de un Estado social y democrático cuya reforma se ha pospuesto sine die.

Transición política inconclusa y cambio económico sin traducción social efectiva y justiciera, debido a su escaso y veleidoso dinamismo: he aquí las coordenadas de la encrucijada que la sociedad mexicana tiene que sortear si quiere un futuro habitable. Si, en efecto, quiere afrontar y superar los retos de su nueva transición, que ya empezó, hacia una demografía dominada por adultos mayores cuya pobreza no puede sobrellevarse con cargo al esfuerzo individual o los fondos acumulados para su retiro.

En palabras de la filósofa española Adela Cortina: “Transformar la vida pública desde la opción política fue la gran aspiración de aquella tan discutida Generación del 68 (…) Bregar por el cambio social hacia algo mejor implicaba para el espíritu de aquella generación ingresar en un partido político, luchar por conquistar el poder y transformar desde él la cosa pública (…) Hoy las cosas han cambiado sustancialmente. Y no sólo porque nos hemos percatado de que, aunque el poder político siga cobrando su legitimidad de perseguir el bien público, quienes ingresan en la vida política buscan ante todo su bien privado, sino sobre todo porque hemos caído en la cuenta de que lo público no es sólo cosa de los políticos”.

Llegó la hora de que legalidad y legitimidad, prendas de todo poder político moderno y democrático, se acerquen y refuercen. Pero esto sólo será posible si al reclamo democrático que inauguró el 68 lo acompaña el reclamo de justicia social tan postergado en estos lustros de duras crisis y cambio económico insatisfactorio. No se ha tomado seriamente el hecho de que, como diría Josep Borell, “es la desigualdad (…) la que hace inviable la igualdad política de los ciudadanos”.

El de la cuestión social no es un tema que haya concitado voluntades y acuerdos; más bien, pareciera haberse instalado una cultura de la satisfacción y de la pobreza que cultiva y reproduce una profunda falta de sensibilidad de la sociedad en su conjunto y de sus élites políticas y del dinero. Esta falla, sin duda cultural, obnubila las miradas de la comunidad no sólo respecto de la pobreza sino sobre todo de la ignominiosa desigualdad.

Hay que insistir sobre un aspecto ineludible del presente: el fortalecimiento de nuestra incipiente ciudadanía pasa por la necesidad de (re)construir el contexto socioeconómico y reconstruirse como colectividad. Tender hacia una sociedad que permita la edificación de una comunidad incluyente, un renovado pacto social que tenga en el crecimiento económico y el reparto justo de sus frutos los soportes para la reproducción de la democracia y de la vida social.