La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) amplió su demanda de controversia constitucional contra el gobierno y la Fiscalía de Chihuahua y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dicte una suspensión que frene todas las investigaciones, citatorios, intervención de comunicaciones o cualquier otra acción que se realice contra funcionarios federales mientras la Corte resuelve de fondo la petición planteada.

La SCJN dio entrada el 11 de octubre a la controversia constitucional presentada por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico del Ejecutivo federal, y le asignó el número de expediente 183/2018. En el escrito inicial no se solicitó ninguna suspensión contra los actos que realiza o pudiera realizar el gobierno de Javier Corral Jurado y la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

El Poder Ejecutivo Federal no había pedido ninguna suspensión, esto es que la Corte otorgue protección al Poder Ejecutivo Federal y los funcionarios que han participado en las investigaciones o en los juicios que el gobierno de Chihuahua ha entablado contra de funcionarios de la administración de César Duarte Jáquez y en los que las autoridades de esa entidad federativa han resultado exonerados, como es el caso del priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

La solicitud de ampliación de la controversia constitucional se presentó el pasado miércoles y no ha sido notificada mediante los listados oficiales.

La suspensión –que ordenaría el cese de todas las acciones que llevan a cabo las autoridades de Chihuahua– serviría en tanto la Corte no se pronuncie por la constitucionalidad de las acciones estatales en contra de integrantes del gobierno federal.

Las fuentes consultadas refirieron que la controversia constitucional ya fue asignada a un ministro, cuyo nombre aún no ha sido dado a conocer, pero se considera que su resolución podría tardar varios más, ya que dependerá del análisis que se haga de la trascendencia de este asunto, porque plantea cuestiones novedosas para el derecho mexicano.