La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresó ayer preocupación porque el gobierno de México no ha actuado para castigar a extranjeros que pagan sobornos para obtener beneficios en el país, aun cuando hace 19 años ratificó una convención anticohecho impulsada por el organismo.

En un reporte la OCDE apremió a México a dar prioridad a la lucha contra el cohecho internacional, ya que 19 años después de haber ratificado la convención en la materia aún no ha procesado un caso relacionado con el soborno de funcionarios extranjeros. Esto es motivo de preocupación, en especial por la orientación de la economía mexicana hacia las exportaciones y porque éstas atañen a sectores considerablemente expuestos a la corrupción, como los de industrias extractivas (petróleo y minería), manufacturas y productos agrícolas.

El reporte no hace alusión a un caso en particular, pero fue publicado en momentos en que México es el único país latinoamericano donde ningún funcionario ha sido castigado por recibir sobornos que la empresa brasileña Odebrecht reconoció haber pagado a políticos para obtener beneficios.

México es la decimoprimera economía del mundo y en las pasadas tres décadas ha logrado hacer grandes cambios estructurales para dejar de ser un país dependiente del petróleo y convertirse en exportador en el contexto del tratado comercial de América del Norte, apuntó.

A pesar de esos éxitos el potencial económico de México se ha visto obstaculizado por desafíos significativos, como el imperio de la ley y los niveles persistentes de corrupción y delincuencia. Por ejemplo, el país está clasificado por Transparencia Internacional por tener la percepción de corrupción más alta de todos los miembros de la OCDE. Además, aunque ahora se clasifica como nación de ingresos medios-altos, su crecimiento económico no ha sido lo suficientemente inclusivo para lograr mejores condiciones de vida para muchos de los 128 millones de ciudadanos, añadió.

El informe destaca varias reformas como resultado de la enmienda constitucional que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales podrían mejorar la aplicación de dicha convención una vez que estén operando plenamente. Recomienda aplicar con urgencia esas modificaciones, en particular el nombramiento del fiscal anticorrupción, la designación de magistrados para el tribunal federal de justicia administrativa y la selección del fiscal general de conformidad con el nuevo mecanismo constitucional, así como la puesta en marcha del nuevo Protocolo Anticohecho.

También aconseja asegurar de inmediato los recursos necesarios para investigar y enjuiciar casos de cohecho internacional, en particular cuatro procedimientos que siguen abiertos, así como para facilitar a la fiscalía especial en materia de delitos relacionados con la corrupción y la persecución de este delito una vez que esté operando.

Planteó reforzar de manera significativa las medidas de detección de cohecho internacional, lo que incluye identificar el pago de sobornos encubiertos como gastos deducibles para efectos fiscales; identificar los fondos procedentes del pago de sobornos mediante el sistema mexicano de lucha contra el blanqueo de capitales; mejorar el intercambio de información entre los organismos a cargo de la detección de casos de cohecho internacional y las autoridades competentes, y aclarar las obligaciones en materia de notificación y denuncia que incumben a los contralores y auditores que descubren casos de cohecho global.