El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, señaló que en su momento la Agencia de Gestión Urbana (AGU) deberá acreditar y sostener su argumento de que no tenía otra opción que impugnar el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual ordena la suspensión del contrato de la planta de termovalorización.

Reiteró que la postura de su gobierno es que la suspensión debe continuar e insistió en que al ser un proyecto que trasciende por varios años a la ciudad, el esquema de su aprobación y financiación debe ser definido por el gobierno entrante.

–¿Le informaron en la AGU que iban a realizar esa acción? –se le preguntó.

–Cuando yo lo comenté con el titular de la AGU (Jaime Slomianski Aguilar) me dijo que su área jurídica fue la que tomó la decisión con el fin de no generar un tema de responsabilidad para la agencia –respondió.

Amieva agregó que la suspensión lo que establece es que se mantengan las cosas en el estado que guardan, mientras se atiende el fondo del asunto, y en ese sentido consideramos que la suspensión debe prevalecer.

Por ello, subrayó, el mensaje del gobierno en torno a este tema es que se trata de un proyecto que debe ser analizado por la próxima administración, y si ellos (la AGU) refieren un tema de responsabilidad y que no existía otra opción, en su momento tendrán que acreditarlo y soportarlo y vamos a ver con el tiempo qué se determina.

El lunes por la noche, luego de que este diario dio a conocer el fallo del tribunal, la AGU emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que acataría la resolución de la sala ordinaria, es decir, no daría respuesta al fallo.

Incluso, ese mismo día, horas antes Amieva manifestó que su administración no impugnaría la resolución.

Sin embargo, la AGU ya había interpuesto un recurso de reclamación ante el TJA por la sentencia en contra del contrato para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta de termovalorización.

El recurso fue presentado por el director jurídico, Miguel Ángel Estrada Garavilla, y en él se expone como único argumento que no están de acuerdo con el fallo.

A éste se suman dos recursos contra la sentencia que presentó la empresa francesa Veolia.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia Administrativa consideró excesivo el pago que debería hacer el gobierno capitalino por dicho proyecto; no es un gasto conveniente para el Gobierno de la Ciudad de México en términos de eficiencia del gasto público, ya que el precio que pagará por dicho proyecto es infinitamente mayor al precio del mercado de un proyecto de esa naturaleza, expone el documento.