Las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a vivir con sus hijos menores en los diversos centros penitenciarios del país. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) anunciaron que vigilarán que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar este derecho, particularmente para los 417 menores que están con sus madres en alguna cárcel.

Lo anterior, para que a los menores de edad en todo momento se les otorguen condiciones decorosas para su adecuado desarrollo en esos lugares. Se trata de que nunca más una madre que está en esa situación sea separada de sus hijos menores de edad.

Durante la presentación del documental Salomé, un reencuentro con la libertad, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado para que en todas las actuaciones que realicen los servidores públicos se respete la dignidad de las mujeres privadas de la libertad y se garantice la observancia del interés superior de la niñez.

Explicó que este caso dio origen a la recomendación 7/2016, que no ha sido cumplida en sus términos, por lo que instruyó verificar por qué la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha resarcido, en lo conducente, los derechos vulnerados a la agraviada y a su familia.

En el país hay 10 mil 460 prisioneras; 4 mil 229 se encuentran en 17 centros femeniles estatales y uno federal, y 6 mil 231 en 159 centros mixtos, donde con frecuencia reciben diversos tipos de discriminación, lo que repercute negativamente en su internamiento y posterior reinserción.