Ante las críticas de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Senado por la violencia y la inseguridad imperantes, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alfonso Navarrete Prida, respondió que no se puede escatimar al presidente Enrique Peña Nieto lo avanzado en seis años y el hecho de dejar al próximo gobierno un país con gobernabilidad democrática, instituciones fuertes, una imagen internacional sólida, finanzas sanas y una economía estable.

Al comparecer ante el pleno del Senado, reconoció que los retos son muchos, sobre todo en materia de seguridad pública, porque el problema sigue siendo enorme, a pesar de los intensos esfuerzos gubernamentales, pero rechazó que se pueda hablar de un gobierno fallido o de una crisis institucional.

Durante más de cuatro horas, ante los cuestionamientos de senadores de Morena, PAN, MC, PT y PES acerca del incremento de la criminalidad y la insistencia en aplicar un modelo de combate a la delincuencia organizada que sólo ha provocado que aumenten los asesinatos, las desapariciones forzadas y los desplazamientos, Navarrete señaló la responsabilidad del Congreso.

De entrada, dijo, se destinaron 82 mil millones de pesos, casi 25 por ciento más que en el gobierno de Felipe Calderón, a las autoridades estatales y municipales, dada la debilidad institucional de éstas, donde la cuarta parte de alcaldías o no tiene policías o armas.

Calificó de ornitorrinco al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que costó 18 mil millones de pesos ponerlo en marcha y requiere correcciones legislativas debido a que la llamada puerta giratoria permite a delincuentes que portaban armas salir libres al otro día de que fueron detenidos. En general, dijo, en 98 por ciento de las sentencias se aplica una pena mínima.

El titular de la SG consideró necesario dotar a las fuerzas armadas del marco jurídico que legalice su participación en el combate al narcotráfico y dijo que desde hace 30 años todos los gobiernos, sin excepción, recurrieron al auxilio del Ejército en tareas de seguridad pública.

Los senadores Juan Zepeda (PRD), Cristóbal Arias (Morena) e Indira Kempis (MC) lo cuestionaron sobre el aumento de personas desaparecidas. ¿No le duele?, le preguntó Kempis.

Navarrete Prida reiteró la responsabilidad del Congreso y señaló que a principios de este año se aprobó la ley en la materia y se ha empezado a trabajar en un Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En principio se habló de 37 mil, que se cotejaron en Semefos y registros civiles, lo que arrojó 16 mil coincidencias, con lo que se podía iniciar un proceso serio de identificación.

Este se revisó con los datos del Instituto Nacional Electoral, que tiene un sistema con nombre, fotografía y huellas dactilares, y la última cifra que resultó, luego de una doble verificación, es de 350 personas, 300 de ellas con más de 10 años de que se denunció su desaparición. Es un primer esfuerzo, insatisfactorio, pero es el camino a seguir para dar respuesta a familias que han pasado por el dolor de no saber qué pasó con sus seres desaparecidos.

Navarrete dijo que la Caravana del Migrante ha tenido siempre el respaldo del gobierno federal, a pesar de que llegan a territorio nacional sin documentación, sin la finalidad específica de migrar y en condición de vulnerabilidad.

Al final, en entrevista, deseó suerte al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la próxima consulta sobre el nuevo aeropuerto.