Guatemala. El gobierno guatemalteco negó visas a 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo clave en la lucha contra la corrupción y que ha pedido investigar al presidente Jimmy Morales por financiamiento ilegal de campaña en 2015.

Horas después, el Congreso rechazó retirar la inmunidad a Morales como pedían la Cicig y la fiscalía. La iniciativa fue rechazada por 82 de los 158 diputados. Sólo 39 votaron a favor y 37 no asistieron a la sesión.

La Cicig señaló en un comunicado que la cancillería guatemalteca revocó las visas de cortesía otorgadas a tres funcionarios de la misión y derogó la emisión del permiso a otros ocho, sin informarles cuál es el motivo que fundamenta su decisión.

Además de lamentar la decisión de Guatemala, la Cicig detalló que estudiará las acciones a seguir con la finalidad de preservar el cumplimiento del acuerdo de creación de este organismo entre el Estado de Guatemala y la ONU.

La medida fue interpretada por varios sectores como un retroceso en el combate a la corrupción debido a que entre los funcionarios a los que se negó la visa se encuentran los principales investigadores del ente internacional, según la prensa local y congresistas.

Negar las visas a investigadores de Cicig evidencia una vez más que al gobierno no le interesa la lucha contra la corrupción. Además de que se trata de una grave violación al convenio con la ONU, tuiteó la diputada Andrea Villagrán.

Morales anunció en agosto pasado que no pedirá otra ampliación de dos años al mandato de la Cicig, que funciona desde 2007, y el 4 de septiembre prohibió el retorno al país del jefe de la misión, el ex juez colombiano Iván Velásquez.

El gobierno guatemalteco sostiene que la comisión es una amenaza a la paz, al asegurar que sobrepasó sus funciones.

Pese a que la corte constitucional indicó que Guatemala no le puede prohibir el ingreso a Velásquez, el gobierno mantiene una batalla legal para no acatar la orden de la máxima instancia legal del país.

La Cicig potenció su presencia en Guatemala en 2015 tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa.

Además, en dos ocasiones pidió retirar el fuero a Morales por no reportar casi 2 millones de dólares de gastos en su campaña de 2015.