l presidente electo está volcado en el sur del país. Sus principales planes corresponden a aquella región: Tren Maya, el corredor transístmico, las Zonas Económicas Especiales y, como necesidad operativa y también como mediata consecuencia electoral, el ensanchamiento de la morenización.

Dado que el aterrizaje de esos planes estratégicos requiere de la colaboración o, cuando menos, de la menor obstrucción posible de parte de los gobernadores en funciones de aquella región, Andrés Manuel López Obrador se ha esmerado en cerrar filas con ellos y hacerlos sentir a gusto. El amago de los superdelegados que el centro enviaría para ejercer una especie de gubernatura alterna ha ido bajando de tono, y en más de una ocasión el propio tabasqueño ha advertido a sus futuros comisionados que deben respetar y entenderse con el mandatario constitucional, ahí presente. También ha enfrentado AMLO los gritos y rechiflas contra los gobernadores mal queridos por la ciudadanía y ha pedido a los quejosos que se sumen a una nueva etapa, la del perdón y la reconciliación.

Este fin de semana tocó el turno a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, un depurado ejemplar del priísmo clásico, que actualmente gobierna Campeche. Ante los gritos de “¡Fuera Alito!”, López Obrador reprodujo y amplió su conocida tesis de la amnistía política, del perdón a los depredadores del país. El presidente electo dijo que, dado que estaban “coreando eso de ‘¡Fuera Alito!’”, él deseaba precisar que “¡No!, no vamos a empezar con eso, se los digo así con toda claridad, vamos a llevar a cabo la transformación de México y no es sacar a un político, eso es lo que hacían antes, que llegaba el nuevo gobierno y encarcelaban a un político del pasado y con eso decían: ‘ahora sí va a haber cambios’”.

Mencionó a Carlos Salinas de Gortari como ejemplo de esos golpes judiciales o políticos que la gente celebraba mientras el gobierno federal avanzaba en sus planes contrarios al interés nacional. Señaló el político tabasqueño que él no necesita legitimarse, llamó a dejar a un lado la politiquería y levantar la mira, pues ¿qué es más importante? ¿Meter a la cárcel a un político, andar persiguiendo políticos corruptos o transformar a México? ¡Cambiar al régimen! ¡No engañar, simular, con la persecución de uno, de dos, de tres políticos corruptos! Lo más importante es que se acabe este régimen de corrupción y privilegios.

Como en todo el país, en el sur hay un extendido rechazo a la inmensa mayoría de los gobernadores en funciones: Chiapas, con el caso de Manuel Velasco Coello como preocupante ejemplo de malabarismo transpartidista y transexenal, convertido ahora en una especie de representante regional del obradorismo, sin cartera explícita (gobernador-senador-gobernador, a quien relevará el verde-morenista, güero-amlista Rutilio Escandón). Quintana Roo, con una secuencia criminal de ocupantes de la gubernatura, algunos de ellos oportunamente encaramados a la generosa carreta del morenismo y el actual, el peñista un tiempo pintado de opositor, Carlos Joaquín González. Arturo Núñez enérgicamente repudiado en las urnas tabasqueñas, en espera de que tome posesión el obradorista Adán Augusto López Hernández. En Yucatán, los matices negativos son menores: el panista Mauricio Vila ha sucedido al priísta Rolando Zapata Bello.

Los perdones de López Obrador (él mismo dijo que ha perdonado a quienes dos veces le robaron la Presidencia de la República) contrastan con la vocación de justicia, no de venganza ni de linchamientos, que a muchos mexicanos hizo votar por López Obrador y Morena, a pesar de que el tabasqueño había postulado con toda anticipación y claridad su propuesta de virtual borrón y cuenta nueva en materia de política, corrupción y castigos. El perdón es un acto de índole personal, íntima; la justicia es una condición insalvable para fincar la paz duradera, la auténtica reconciliación y la verdadera reconstrucción nacional.

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