Una de las reformas que debe ser aprobada antes de que concluya el periodo de sesiones es la que prohíbe expresamente la privatización del agua, a fin de garantizar el derecho constitucional de los mexicanos al abasto oportuno del líquido, resaltó el presidente del Senado, Martí Batres.

El legislador por Morena comentó que es un tema coyuntural, dada la intención del presidente Enrique Peña Nieto de otorgar concesiones para la explotación del agua antes de concluir su mandato, y si bien éstas pueden ser revocadas por Andrés Manuel López Obrador en cuanto asuma el gobierno, es importante que se establezca en la ley la prohibición expresa de entregar los recursos hidráulicos del país a particulares.

El presidente del Senado expuso que es importante frenar esa intención privatizadora, ya que de las 732 cuencas hidráulicas, 106 están sobrexplotadas, por lo que la Federación debe velar por el cumplimiento del derecho humano al agua y a su saneamiento.

En el inicio del periodo, el pasado 6 de septiembre, Batres presentó una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que se cumpla el artículo cuarto de la Constitución, en el cual se reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico y se indica que el Estado mexicano es el encargado de garantizarlo.

Es decir, al ser considerado un derecho humano, solamente debe ser prestado por el Estado y no por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua potable.

La iniciativa señala que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente a través de la comisión en la materia. Asimismo, la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

Igualmente, el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y “queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la realización de los servicios asociados a ésta.

Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable. Queda prohibida toda forma de privatización de la gestión del agua.

Precisó que esa iniciativa se dictaminará junto con otras que están en el Senado, ya que forma parte de la agenda del próximo gobierno.

A pregunta expresa, Batres respondió que el presidente Peña Nieto tiene la facultad para emitir decretos hasta el último día de su mandato, pero desde el punto de vista político las concesiones a particulares para la explotación del agua son contrarias a la determinación del equipo que asumirá el gobierno el primero de diciembre de no permitir que se privatice ese recurso.