a gestión del agua para consumo humano –elemento natural indispensable a la vez que derecho de las personas explícitamente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas– requiere cada vez mayor atención, en la medida en que se trata de un recurso cuya creciente escasez es un hecho comprobado. Tan es así que las distintas organizaciones ocupadas y preocupadas por el problema (entre ellas el Foro Económico Mundial) prevén que en un año relativamente tan cercano como 2030 la demanda de agua superará en 40 por ciento las posibilidades de suministro existentes para entonces.

El desmesurado uso industrial, especialmente en el rubro de la minería, forma parte del acelerado proceso de agotamiento que está sufriendo el agua, al que se le suma la incesante contaminación que lo vuelve inútil para el consumo y en gran medida para el riego agrícola (el uso del producto residual no tratado favorece la contaminación biológica de los suelos). De ahí que de un tiempo a esta parte se alcen voces que alertan contra la apropiación del agua por parte de grandes corporaciones industriales, fenómeno que a estas alturas ya se ha convertido abiertamente en una cuestión de Estado.

El anuncio hecho a principios de este mes por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, según el cual durante su gobierno no se permitirá el uso de la fracturación hidráulica –conocida como fracking– para la extracción de petróleo y gas, resultó alentador para los sectores comprometidos con el medio ambiente o simplemente razonables. No ocurrió lo mismo con buena parte del empresariado asentado en el país, que calificó a la medida de mala noticia porque en su opinión elevará el precio del gas mexicano y éste no será competitivo en los mercados internacionales.

Lo anterior está estrechamente relacionado con el agua y su aprovechamiento, porque la fracturación de un solo pozo petrolífero vertical demanda entre 10 y 29 millones de litros, lo que significa una considerable merma de la disponibilidad, además de un casi seguro desequilibrio de los distintos ecosistemas aledaños a la excavación.

El asunto es que a la nueva administración de gobierno le faltan más de dos meses para entrar en funciones, y el actual régimen de concesiones facilita (favorece, dirían algunos) el traspaso a manos de particulares, al iniciar la Comisión Nacional del Agua el otorgamiento masivo de concesiones de aguas nacionales. Esto, dicho sin eufemismos ni vueltas, quiere decir que un recurso que pertenece a todos pasará a ser privilegio de unos pocos, en un acto que tiene todas las características de una privatización. No en toda la regla, porque las concesiones tienen vencimiento (30 años); pero durante ese largo periodo el agua no será para las necesidades de la ciudadanía sino para las de las empresas extractivas.

Si antes de concluir su mandato la administración de gobierno actual logra otorgar las concesiones en términos de los decretos que el pasado 5 de junio (paradójicamente Día del Medio Ambiente Mundial) promulgó el presidente Peña Nieto, las empresas extractivas van a contar con toda el agua que requieran, a costa de los derechos al agua de un buen número de colectivos sociales.