Juchitán, Oax., Representantes de comunidades que participan en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras denunciaron 22 casos de violaciones a los derechos de los pueblos y localidades indígenas de Oaxaca, al exigir la cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera; es decir se declaró a la entidad libre de la minería.

Los participantes expusieron casos de asesinatos, contaminación de los bienes comunales y fractura de las instancias de organización comunitaria, resultado de la actividad minera en el estado.

Solicitaron que el Senado ratifique el acuerdo regional sobre participación pública y el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Autoridades y miembros de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, mixe, mixteco, zapoteco y mestizo, en representación de 52 pueblos de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca relataron ante un jurado de expertos internacionales cómo los proyectos mineros debilitan las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a defensores del territorio, contaminan el agua y destruyen la siembra, ante la omisión o complicidad del Estado.

En Oaxaca hay activos 41 proyectos mineros de empresas originarias de Canadá, Estados Unidos, Perú y Australia, además de México.

Francisco Vásquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán explicó que la empresa Cuzcatlán explota oro y plata desde 2011 en San José del Progreso, pero ha dañado las parcelas cercanas, los dueños han encarcelado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez, opositores a esa actividad, por lo que exigieron cancelar la actividad de esa filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, y de todas las demás mineras activas en Oaxaca.

De 2002 a 2016 la Secretaría de Economía otorgó 322 concesiones mineras que suman 462 mil 974 hectáreas del estado de Oaxaca.

El jurado solicitó adoptar medidas y políticas que garanticen autonomía, formas de gobierno y estricto respeto de sus sistemas normativos. Asimismo, garantizar la vida de quienes defienden los territorios indígenas frente a las industrias extractivas, en condiciones de libertad y seguridad.