La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, consideró conveniente declarar la moratoria urbana que propuso el Congreso local y la decisión de algunas alcaldías de cerrar sus ventanillas, a fin de revisar que los proyectos de obra en proceso, así como los trámites que han ingresado de solicitudes de licencias de construcción, cumplan con los requisitos que marca la ley.

Informó que el organismo a su cargo tiene más de 30 quejas relacionadas con desarrollos inmobiliarios en Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, las cuales están en investigación.

La decisión que están tomando en el Congreso y en algunas alcaldías de hacer un alto y revisar es lo mejor, porque lo que se demostró, y se sacó a la luz no nada más es lo que se venía documentando en el sismo, es que hay procesos que, por lo menos, no son transparentes, más bien son opacos, alrededor de las construcciones, señaló la ombudsman en entrevista al asistir ayer como invitada al Congreso capitalino para la instalación de comités y comisiones.

Ramírez Hernández consideró que entre las tareas del Congreso en esta materia está revisar las normas para que los procedimientos que realiza la autoridad para verificar la legalidad de las construcciones sean más ágiles y las sanciones a los desarrolladores más severas. Advirtió que parte de la proliferación de las irregularidades derivaron de que les cuesta muy poco dinero pagar la multa, e incluso, al hacer su presupuesto hasta ponían en sus costos cuánto valía no cumplir la norma, pagar las multas y seguir construyendo.

En tanto, autoridades de Azcapotzalco y Magdalena Contreras se sumaron a la suspensión de permisos para nuevas construcciones, con lo que suman ocho las alcaldías que han formalizado aplicar una moratoria provisional.

Sin embargo, a diferencia de algunas de las alcaldías que han manifestado su intención de extender esta moratoria hasta contar con nuevo ordenamiento en materia de desarrollo urbano, ambos gobiernos informaron que es debido a la instalación de la nueva administración y a los cambios que se realizan en la estructura.

En el anuncio publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la alcaldía de Azcapotzalco precisó que el periodo de suspensión de términos será hasta el 19 de septiembre, y la de Magdalena Contreras hasta el día último de este mes.