El PRI presentó en el Senado una iniciativa para legalizar el uso de la amapola con fines medicinales y terapéuticos. Con ello se busca impulsar el desarrollo de medicamentos derivados de esa planta y, al mismo tiempo, proteger a los campesinos que tienen en la siembra de ese producto su sustento y el de sus familias, destacó Manuel Añorve en tribuna.

Al presentar la iniciativa en tribuna, expuso que en el país se cultivan 28 mil hectáreas de amapola; sólo en Guerrero –dijo–, aproximadamente 120 mil personas la siembran y cosechan; en su mayoría son campesinos de comunidades pobres y aisladas que actualmente son esclavos del narcotráfico.

En esa entidad, subrayó, se cultiva al menos 50 por ciento de esa planta en México, y de acuerdo con el reporte del Monitoreo de Siembra de Amapola en el país correspondiente a 2016, realizado por la Organización de las Naciones Unidas, esa flor, de la que se extraen opio y morfina, se cultiva en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Añorve destacó que el país tiene la tercera área geográfica más grande del mundo dedicada al cultivo ilícito de opio, después de Afganistán y Myanmar.

Destacó que mientras en México se ha privilegiado el prohibicionismo como principal política antidroga, provocando un mercado negro de producción y distribución de esas sustancias, en naciones como Turquía, Australia, España, Francia, Gran Bretaña, India y Hungría la amapola se cultiva legalmente.

Refirió que los medicamentos derivados de los opioides, enfocados especialmente a tratamientos paliativos para pacientes terminales, están fuertemente restringidos y con un desabasto alarmante.

Por lo lucrativo que resulta el negocio de la heroína –señaló–, se ha desatado una guerra para controlar los campos de siembra de amapola, volviendo inaccesibles valles montañosos donde se extiende la pobreza, lo que convierte a los campesinos prácticamente en esclavos. Hoy podemos dar vuelta a esa situación y convertir una situación penosa para muchos agricultores en una oportunidad de desarrollo económico para sus comunidades y garantizarles ingresos estables y lícitos.

Se agendaron para su presentación 41 iniciativas legislativas de todos los grupos parlamentaros, entre ellas una de Morena, que presentó el senador Alejandro Armenta, a fin de evitar que el transporte público se convierta en rehén de partidos políticos y candidatos, y se cuide el medio ambiente.

Propone una adición al inciso F, numeral 1 del artículo 250 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, para prohibir la propaganda en ese transporte y en las paradas de servicio.

La bancada del PAN propuso crear la secretaría de seguridad ciudadana y que sea el Senado el que se encargue de ratificar el nombramiento de su titular, con el propósito de recuperar la paz, la seguridad y la confianza en las instituciones.