La pretensión de reducir el financiamiento público a los partidos políticos debería servir para detonar una discusión integral sobre cómo funcionan, analizar si se pretende potenciar la aportación de recursos privados a la política y ponderar los riesgos, sostiene la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Pamela San Martín Ríos.

Al referirse a la iniciativa presentada por Morena para disminuir en 50 por ciento las prerrogativas partidistas, San Martín reconoce la pertinencia de debatir sobre el monto del dinero que se entrega. No es que deba ceñirse al porcentaje, sino al funcionamiento del sistema de partidos. Es claro que a la sociedad le parece excesiva esta aportación, pero que en gran medida esta consideración se asocia a la mala imagen que tienen los ciudadanos sobre el desempeño de los políticos y los partidos, estimó.

San Martín advierte la importancia de que la discusión se enmarque en el análisis de la forma en la que opera el sistema de partidos, no sólo desde la perspectiva económica, sino de los derechos de la militancia, de democratización de sus decisiones y de su desempeño, en tanto que son entes de interés público.

La reforma electoral de 2014, si bien pretendía reducir las prerrogativas a nivel federal, las adecuaciones que se hicieron por la parte estatal tuvieron un efecto contrario y en muchas entidades se incrementó de forma sustancial el financiamiento. En paralelo, la aprobación de la Ley General de Partidos Políticos sólo atrajo disposiciones que ya contenía el código electoral, sin profundizar en obligaciones que los democratizaran.

Reducir el financiamiento lleva implícito poner en riesgo la operación y competitividad de los partidos, por lo que esto implicaría revisar, dice San Martín, no sólo las adecuaciones que se pretenden realizar, sino el modelo de sistema que se quiere. De entrada, ponderar si esta medida estaría aparejada con la cancelación de la premisa básica de la política en México: la preminencia del financiamiento público sobre el privado.

Esto implicaría potenciar riesgos en la incidencia de que los intereses privados se involucren en la política, tal como sucede en Estados Unidos, donde los grandes empresarios aportan a las campañas con el riesgo de influir en favor de sus intereses. En México se ha optado por el modelo contrario, donde se ha acotado el monto del financiamiento que puede dar un simpatizante y la prohibición expresa de que empresas, iglesias, gobiernos o asociaciones civiles aporten recursos a los partidos.

Para la consejera dijo que si bien es pertinente reducir los recursos, se fortalezcan otros rubros asociados, de manera específica la fiscalización. Refiere que si se incrementara el margen de captación de dinero privado hay posibilidad de más riesgos de recibir recursos de procedencia ilícita o de simulación en las aportaciones, lo que obligaría a la autoridad a ser más riguroso en la revisión.

Agrega otro factor: en la actualidad los topes de gastos de campaña en las elecciones locales no guardan un criterio claro, lo mismo hay para la gubernatura del estado de México, de alrededor de 260 millones de pesos, que de tan excesivo no es un referente, pero hay municipios donde ese tope es de 2 mil pesos, lo que motiva simulaciones en el gasto real de las campañas. Sería un rubro que debiera homogeneizarse.