Frente a la cadena de actos de censura que ha enfrentado la exhibición y distribución del documental Los rollos perdidos (México, 2012), durante seis años, el realizador y periodista Gibrán Bazán y su equipo decidieron regalar este trabajo a ciertas comunidades, principalmente a distintas universidades, sobre todo campesinas, como las del estado de México o la Autónoma de Chapingo, y descubrieron que en el circuito estudiantil tenían un público gigante, donde han contabilizado más de 50 mil espectadores.

El cruce de temas de este largometraje no podía resultar más controversial, al reunir dos grandes heridas que la sociedad mexicana heredó del control político priiísta más ortodoxo: las filmaciones secretas de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, ordenadas y vistas por la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación –es decir, por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez–, así como la relación que podrían tener, años después, con el catastrófico incendio de la Cineteca Nacional el 24 de marzo de 1982, mediante una pregunta literal y metafóricamente candente: ¿la deflagración fue ordenada por el gobierno de José López Portillo para ocultar esos y otros metrajes resguardados en la bóveda de la institución?

A punto de enfrentar el trigésimo intento censor y a unos días de la conmemoración por el cincuentenario de la matanza y del Movimiento Popular Estudiantil de 1968, Bazán y su equipo decidieron subir el trabajo de manera gratuita y sin restricciones a dos plataformas masivas audiovisuales en línea: YouTube y Vimeo, a partir del 27 de septiembre.

Esta es una forma de inyectarle oxígeno al trabajo tras recibir la oposición y las negativas, tanto de instituciones gubernamentales como de intereses oscuros que no sabemos; incluso una muy graciosa: una falsa invitación para los medios de estudiantes universitarios de cine que estaban haciendo un documental luctuoso acerca el siniestro de la Cineteca y se enojaron con la salida de aquel documental antes que el suyo, que, por cierto, aún no lanzan.

También han sufrido censura de televisoras públicas y privadas, de festivales –ninguno de los 143 que se realizan en México lo ha programado; incluso, alguno lo hizo y luego lo echó para atrás– y tampoco ha tenido cabida en plataformas digitales: una lo incluyó en su selección de cerca de 2 mil títulos y un mes más tarde lo bajaron del sitio, con lo que resulta el único caso que ha ocurrido entre todo su acervo. El director no lo dice, pero si uno revisa el catálogo de Filmin Latino se encuentra la ficha del filme, pero no está disponible para ser visto.

Lo más reciente: la presión ejercida con éxito para que el trabajo fuera proyectado en un canal cultural de televisión abierta y la compra de los derechos por 10 títulos de la distribuidora de la cinta, Alfhaville Cinema, para una televisora que solamente regresó Los rollos perdidos.

La versión dispuesta en línea, de manera pública y gratuita, tiene el añadido de algunas filmaciones del incendio de la Cineteca descubiertas en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en las que se observa fuego en las chimeneas y la entrada de los bomberos, además de algunas fotografías poco conocidas de 1968, procedentes de distintos archivos, que recibieron en estos seis años.

Cuando el documental se estrenó en 2012, fue acompañado de un pliego petitorio de 10 puntos que ahora fue ampliado con cinco demandas más. En ellos se solicita que las más de 10 horas de filmaciones gubernamentales de la matanza de Tlatelolco, realizadas por los cineastas Servando González, Ángel Bilbatúa o Álex Phillips; el revelado en los Estudios Churubusco, y su proyección privada para funcionarios, sean objeto de una amplia investigación oficial.

También piden que la nueva administración federal cree una comisión especial que ofrezca a especialistas de la sociedad civil acceso total a los archivos y acervos de instancias públicas y que se reglamente en la Ley Federal del Derecho de Autor que los materiales audiovisuales y fotográficos pasen al dominio público para que sean patrimonio de todos los mexicanos, que la Secretaría de Educación Pública incluya estos hechos en los libros de texto gratuito y se abra una página de la memoria. No puede ser que todavía haya materiales del 68 que están registrados ante derechos de autor y que por eso no se pueden usar, exclama Bazán.

Ampliamos el pliego petitorio que lanzamos a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados cuando estaba dirigida por la panista Kenia López Rabadán, que ni siquiera nos contestó, y se lo mandamos 18 veces en manos de su secretario. Así que ahora lanzamos una invitación directa al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que tome cartas en el asunto y también a la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, para que puedan crear una comisión de investigación en torno a lo que ocurrió con esos rollos del 68 y otra para investigar lo ocurrido con el incendio de la Cineteca Nacional. Serían dos comisiones, precisa el cineasta, que actualmente tiene en cartelera el largometraje de ficción El buquinista (México-Francia, 2018).