El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, admitió que los bloqueadores de teléfonos celulares instalados en los reclusorios capitalinos son manipulados para permitir el uso de aparatos al interior, muchas veces para intentar extorsionar.

Al señalar que se investiga esa situación sin que aún se tengan responsables, precisó que la operación y mantenimiento de los inhibidores está a cargo de la Federación, mientras que su resguardo es responsabilidad del gobierno local.

Entrevistado después de inaugurar la tercera agencia especializada en delitos contra la comunidad lésbico gay, explicó que se han dado casos en los que en un ejercicio de control de inhibidores resulta que bloqueaban señales celulares en Santa Fe.

Dijo que se investiga quiénes son los responsables de la manipulación y aunque hasta el momento no se ha consignado a nadie por esos hechos, están abiertas las investigaciones y se realizan acciones preventivas.

Ante las denuncias por el uso de teléfonos desde cárceles del país para extorsionar, agregó que además de vigilar el funcionamiento de los bloqueadores de señal, ordenó reforzar la revisión en las aduanas de reclusorios, ya que es obvio que los teléfonos entran por ahí. Esas medidas irán acompañadas por otras de mayores en la protección para custodios, ya que recientemente se dio el caso del homicidio de uno por negarse a permitir el ingreso de un celular.

Afirmó que gran parte de los intentos de extorsión telefónica registrados en la capital del país son llamadas que provienen de otras entidades, principalmente del norte de la República, por lo que se manifestó porque los medios de comunicación retomen la campaña que se realizó hace algunos años para prevenir este delito.

Por otro lado, aseguró que de manera cotidiana se realizan revisiones al interior de las celdas de los reclusorios de la ciudad que han dado como resultado el decomiso de mil 726 celulares de 2017 a la fecha, además de armas punzocortantes y aparatos electrónicos.