Javier Jiménez Espriú recibió el libro blanco que elaboró la comisión de la 63 Legislatura encargada de investigar los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En las conclusiones se advierte la urgencia de revisar a fondo la inviabilidad técnica de ampliar la terminal actual y habilitar la de Santa Lucía, así como que no debe imponerse el argumento económico para cancelar la obra en Texcoco, pues es una postura reduccionista, sin omitir que si ha habido mal uso de recursos se sancione a los responsables.

Por tratarse de infraestructura crítica para la nación, el gobierno federal deberá garantizar la seguridad para los usuarios de la terminal aérea, refirió Rafael Hernández Soriano, quien encabezó el grupo de trabajo en San Lázaro y entregó el documento al próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En el libro blanco se analizan, entre otros rubros, la problemática y el dilema que representan los dos proyectos gemelos de aeropuertos: el que dejará de operar por saturación y el que debe remplazarlo; el reto que representa reimaginar el desarrollo en la zona metropolitana del valle de México; el potencial detonador del desarrollo del nuevo aeropuerto y el riesgo de que un grupo lo utilice como negocio inmobiliario.

El documento indica que la construcción del NAIM y lo que se proyecte para los terrenos que ocupa el Aeropuerto Internacional Benito Juárez representan la última oportunidad para planificar responsablemente el desarrollo urbano de Ciudad de México y su megalópolis en lo que resta del siglo XXI, por lo que no debieran pensarse aisladamente, ni en el corto plazo: son proyectos gemelos y representan la oportunidad de reconciliar y equilibrar el desarrollo sostenible de CDMX con la zona oriente del valle de México.

El criterio expuesto considera que el proyecto arquitectónico no debe determinar el plan maestro de la obra, ni la obra el desarrollo urbano de la región. Es necesaria la revisión de los estudios que dan sentido al Plan de Desarrollo Urbano de la Megalópolis, y también ajustar el tamaño, crecimiento modular progresivo y capacidades de la planeación de la obra con una visión nacional considerando el sistema aeroportuario, las proyecciones futuras de crecimiento económico del país y regional, y con ello la demanda futura de servicios de carga y transporte de pasajeros en forma realista y no aspiracional.

“Hay más de dos opciones para la ubicación del aeropuerto; sin embargo, aunque en la comisión especial trascendimos esa discusión por el avance de la obra en Texcoco y porque la mayoría legislativa respaldó la elección del actual gobierno, considero que es necesario pasar de la polémica generada por la consulta popular que se propone realizar en octubre, a darle el auténtico valor a los estudios, opiniones y criterios de especialistas y organismos mexicanos y extranjeros.

Si en las opciones persiste igual valor en los principios enunciados, a saber seguridad, economía, eficiencia, funcionalidad, integración social, se debe informar objetiva y transparentemente a la población ya sea de la necesidad de la consulta, o de lo contrario, como un acto de gobierno, se tome la decisión más viable para todos.

Así, si se argumenta el alto costo económico como único factor para cancelar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y habilitar la base militar de Santa Lucía para que opere de manera paralela al actual aeropuerto internacional, es una postura reduccionista que, por el bien de México, tiene que abrirse a otros elementos sin omitir que si ha habido mal uso de recursos públicos en la obra en proceso, o se han causado daños ecológicos, a sitios arqueológicos, al patrimonio de los pueblos originarios y pobladores, estos tienen que ser resarcidos y sancionados los responsables.