l 26 de septiembre de 2018 se cumplieron cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, tres de ellos alumnos de ésta. Según reportó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en 2015, se trató de un ataque masivo: seis muertos, 43 desaparecidos, más de 40 heridos y 80 víctimas de persecución y atentado, en nueve distintos escenarios de agresión, de tres a seis horas. Fue concertado: policías municipal, estatal, federal y Ejército monitoreaban por su sistema de comunicación C-4 que estudiantes de Ayotzinapa iban en autobuses hacia la ciudad de Iguala. Miembros de todos esos cuerpos participaron en los hechos desde ese momento.

Los alumnos iban a tomar autobuses para participar en las protestas del 2 de octubre en Ciudad de México, fecha de la matanza masiva de estudiantes en Tlatelolco, ordenada por el gobierno en 1968, que desde entonces se convirtió en símbolo de dolor y rabia en México y el mundo, pero también en poderosa muestra de la fuerza de la memoria colectiva que no permite la impunidad ni el olvido, no sólo de los crímenes cometidos, sino también de los sueños y luchas que representan.

El ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa tuvo ecos y solidaridad en todo el mundo, haciendo añicos la imagen de aparente normalidad que sucesivos gobiernos de México presentaban ante el mundo, pese a los miles de feminicidios, desaparecidos, asesinados, presos políticos, violación de derechos humanos y la represión constante y creciente contra los que defienden sus comunidades, barrios y territorios contra la devastación ambiental y social impuesta por gobiernos y grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.

En noviembre de 2014, en la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre México, Daniel Feierstein, del Centro de Estudios sobre Genocidio en Argentina y miembro del jurado de ese tribunal, decía que ya les había tocado en otros países analizar casos de ejecuciones extra-judiciales, desapariciones forzadas y otros ataques contra las poblaciones, pero siempre en dictadura, mientras México es el único país donde todo esto sucede en democracia.

Todo lo que documentó durante tres años de labor el tribunal se condensó en Iguala en unas horas de barbarie, escribió el jurado del TPP en su sentencia final. En ese reino de la impunidad que es el México de hoy hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

En esa tónica, cuatro años después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno no sólo no ha actuado para hacer justicia y responder con la verdad ante los padres, las víctimas y el mundo entero, sino a través de diversos funcionarios intentó activamente obstruir la investigación.

Se inventó desde 2014 su verdad histórica alegando que los estudiantes habían sido quemados por agentes del narcotráfico, en una pira en el basurero de Cocula, intentando así cerrar el tema y que no se registrara como crimen de Estado. Esa supuesta verdad fue ampliamente refutada por científicos y evidencias a partir de estudios del experto mundial en incendios José Torero, publicados por la revista Science y presentados por el GIEI, así como estudios posteriores del Equipo Argentino de Antropología Forense, que mostraron que era técnicamente imposible que allí hubiera habido un incendio de tal magnitud. El GIEI mostró además un video que les fue entregado, en el cual se ve a Tomás Zerón, de la Agencia de Investigación Criminal, aparentemente plantando evidencias en el lugar. Pese a esto, el presidente Enrique Peña Nieto cínicamente volvió a sostener esa mentira histórica en su sexto y último Informe de gobierno en 2018.

En junio de 2018, un tribunal federal ordenó crear una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa concluyendo que la investigación no fue efectiva, independiente ni imparcial. El gobierno entrante prometió a los padres que esta comisión se creará y que se permitirá la vuelta del GIEI a México.

La desaparición forzada no sólo golpea a las víctimas directas, sino crea en toda la sociedad una herida que no puede cicatrizar hasta que se conozca la verdad y se encuentre a los que faltan, dejen de ser números o cuerpos en un tráiler y cada uno tenga su nombre, su historia, que se conozcan sus luchas, que se haga justicia.

Que se conozca la verdad, el paradero de los estudiantes y que se haga justicia dependerá, como hasta ahora, del trabajo a sol y sombra de padres, madres, compañeros y organizaciones que los acompañan, de la solidaridad de todos, del tejido de acción y memoria colectiva contra la impunidad que de Tlatelolco a Ayotzinapa y más allá sigue latiendo.