Sacramento. El gobernador de California, Jerry Brown, vetó dos proyectos de ley el jueves que pretendían extender los derechos de los inmigrantes que viven en el país sin autorización legal e impedir su deportación, se informó este viernes. La decisión de Brown, un demócrata, evita la apertura de otros frentes en la guerra de California contra el presidente Donald Trump.

Una de las propuestas habría permitido a cualquier persona formar parte de juntas o comisiones estatales sin importar su estatus migratorio, mientras la otra buscaba impedir que las autoridades de inmigración realicen detenciones en el interior de los tribunales.

El gobernador señaló que no vio razón para modificar una ley estatal que exige la ciudadanía estadunidense a quienes ocupan puestos en juntas estatales o municipales que supervisan las leyes de zonificación y que regulan las cédulas profesionales, entre otras funciones.

Es el mejor camino: Brown

Yo creo que las leyes existentes que requieren la ciudadanía para estas formas de servicio público son el mejor camino, escribió Brown en su mensaje del veto.

El senador Ricardo Lara, un demócrata de Bell Gardens, creador del proyecto de ley, consideró que el requisito de ciudadanía desaparecerá con el tiempo.

California sale beneficiada cuando todos los miembros de la comunidad pueden prestar servicio al estado que les ha dado tanto, declaró Lara.

Si la gente se ha ganado la oportunidad de servir por medio de su experiencia y talento, deberíamos invitarla a la mesa.

En marzo, el Comité de Reglas del Senado del estado designó a una mujer que radica en California sin autorización legal a un comité de asesoría estatal. En 2016, Brown nombró miembro de la Junta Directiva de la Universidad Estatal de California a un inmigrante beneficiado por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El gobernador sí promulgó otra propuesta de ley presentada por Lara que prohíbe que los hoteles y compañías de autobuses revelen los nombres de sus clientes a las autoridades de inmigración sin una orden de la corte.