La aprobación de las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), propuestas ayer por Morena en el Senado, permitiría hacer uso de más de 13 mil millones de pesos que integran la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento (ROCF). Se destinaría a la construcción de clínicas y hospitales y para mejorar los servicios de salud.

Además, el proyecto deja abierta la posibilidad de echar mano del dinero de las otras reservas del instituto, principalmente la Financiera y Actuarial (RFA), para mejorar la calidad y la cobertura de los servicios a los derechohabientes.

Hasta ahora, el objetivo de las reservas ha sido garantizar la viabilidad financiera del Issste en el largo plazo. Entre 2013 y 2017 reportaron un aumento de 61 por ciento, al pasar de 72 mil 493 millones de pesos a 82 mil 57 millones, de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial (IFA) 2018.

Por otra parte, el reporte entregado por el Issste al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo en junio pasado, no menciona nada respecto a la deuda que tienen las entidades federativas y dependencias públicas con el instituto, aunque este es un problema añejo y es motivo de negociaciones constantes entre las autoridades.

El dato conocido más reciente es que dicha deuda es de alrededor de 10 mil millones de pesos, la cual se solventaría con la iniciativa de reforma legal mencionada, pues plantea que las dependencias y entidades públicas deberán acceder a las acciones de fiscalización que el instituto determine.

También estarán obligadas a proporcionar la información que les sea requerida, así como sujetarse a las inspecciones y visitas domiciliarias ordenadas por el Issste. Para ello, el organismo podría apoyarse en servicios públicos y privados especializados en fiscalización y auditoría.

La ley vigente ordena que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne los recursos para las aportaciones y vigile su entrega al Issste. Con la reforma, se obligaría a las entidades y dependencias a incluir en sus proyectos de presupuesto de egresos lo correspondiente con las cuotas y aportaciones establecidas en la ley del instituto.

El proyecto también señala que los montos respectivos deben notificarse a Hacienda y al propio instituto antes del inicio de cada año fiscal.

Otro cambio que plantea la iniciativa de Morena es incorporar que el cálculo de las cuotas y aportaciones se realicen sobre el sueldo básico con un salario mínimo como límite inferior y el equivalente a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en el superior.

En una primera revisión de la iniciativa, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilico Gustavo Leal advierte que el cambio a la ley hará explícito el uso de la UMA para el cálculo de los beneficios de los seguros y prestaciones, principalmente la pensión de los trabajadores, lo cual implicará para su retiro, una disminución en el monto de sus ingresos.

Desaparecería el Consejo Asesor Científico y Médico

La iniciativa de Morena también propone la desaparición del Consejo Asesor Científico y Médico, el cual se creó en julio de 2012 y se le dio el carácter de órgano consultor superior del instituto. Lo preside el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex secretario de Salud Guillermo Soberón Acevedo y entre los ocho consejeros titulares están Rubén Argüero, Roberto Tapia, Luis Miguel Gutiérrez y Diego Valadés, de acuerdo con información del propio Issste.