La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, perpetrado el pasado fin de semana en Yajalón, Chiapas, y apremió al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para fortalecer sus políticas de prevención, protección y procuración de justicia en los casos de violencia contra comunicadores.

Información con que cuenta la relatoría indica que Gómez Sánchez fue víctima de amenazas en años recientes, y su última denuncia por este riesgo la presentó en 2017. Agregó que la Fiscalía General del Estado habría dispuesto medidas de protección ante esas amenazas, aunque no se especifica cuáles y hasta cuándo se implementaron.

Son nueve reporteros ultimados en este año

La instancia de la CIDH destacó que el titular de la fiscalía estatal, Luis Alberto Sánchez, mencionó que se tienen indicios de que el asesinato está relacionado con su la labor periodística, por lo que es la primera víctima de investigación. Además, ya se detuvo a una persona y se trabaja de manera coordinada con Procuraduría General de la República (PGR)

Lamentó que con el crimen de Gómez Sánchez, quien era colaborador de El Heraldo de Chiapas, ya suman nueve periodistas asesinados en lo que va de 2018.

Destacó los avances de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR en los procesos de investigación de los casos de Javier Valdez y Miroslava Breach, corresponsales de La Jornada en Sinaloa y Chihuahua, respectivamente, asesinados el año pasado.

Sin embargo, acotó, México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos, particularmente la seguridad de los periodistas, por lo que llamó al Estado a redoblar esfuerzos para fortalecer sus políticas de prevención y protección de violencia contra este sector.

Por separado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó medidas cautelares al gobierno del estado en favor del periodista Deimos Sánchez y de su hija menor de edad, pues el miércoles al menos 30 elementos de la Agencia Estatal de Investigación allanaron su domicilio fuertemente armados y, cortando cartucho, encañonaron a ambos. Sobre este mismo caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó la violencia de los agentes estatales y demandó a la fiscalía general de la entidad la investigación inmediata de los hechos.