Ante el movimiento estudiantil de 1968, la jerarquía católica asumió una posición de extrema prudencia, demostrando, en privado, un abierto apoyo y hasta sumisión al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En los hechos, en estos 50 años sólo una declaración formal sobre el tema ha sido emitida por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pero en ella ni siquiera aparecen las palabras Tlatelolco, Ejército o policía.

Incluso, hubo obispos que hicieron suya la trama de la supuesta conspiración comunista internacional. En contraparte, sectores minoritarios del clero, apoyados sólo por algunos jerarcas, expresaron su repudio y desaprobación por los métodos represivos utilizados por el régimen.

En el 68, la Iglesia católica venía de varias décadas de ser perseguida, marginada y apenas tolerada en ese momento, pero con una de las jerarquías más conservadoras del continente.

Aun así, otros grupos como las congregaciones religiosas de jesuitas y dominicos, u organizaciones seglares como la Juventud Obrera Católica, el Movimiento Estudiantil Profesional, y centros de apoyo como el Secretariado Social Mexicano y el Centro de Comunicación Social, mostraron su solidaridad con las causas estudiantiles y en defensa de sus derechos.

Al producirse los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, la jerarquía se vio en la necesidad de pronunciarse. A esas alturas, con tan trágicos resultados y el impacto en la opinión pública, su silencio aparecería como complicidad. El padre Pedro Velázquez, del SSM, y el obispo Adalberto Almeida y Merino fueron los promotores de ese texto. Después de varios días de consulta y acopio de información entre algunos miembros de los jerarquía que conformaban el Comité Episcopal, pudo emitirse siete días después, el 9 de octubre, un mensaje firmado por el presidente de la CEM y arzobispo de Oaxaca, Ernesto Corripio Ahumada, pero que pasó inadvertido por el acaparamiento de la atención pública de las noticias de los XIX Juegos Olímpicos, que se inaugurarían el día 12.

Titulado Mensaje del presidente de la CEM acerca de los disturbios antes de las Olimpiadas de 1968, el documento episcopal se presenta ambiguo. En ninguno de sus 12 párrafos cita siquiera las palabras Tlatelolco, policía o Ejército, centrándose en el significado de la paz y de la necesidad del diálogo generacional.

No podemos aprobar el ímpetu destructor ni el criminal aprovechamiento, por quien quiera que sea, de las admirables cualidades de la juventud para inducirla a la violencia, a la lucha anárquica, al enfrentamiento desproporcionado, aun cuando fueran nobles las motivaciones, dice la carta suscrita por Corripio Ahumada, quien años más tarde se convertiría en arzobispo primado de México.

Además, en la misiva expresa su solidaridad con el compromiso de México de realizar los Juegos Olímpicos y dice comprender la difícil tarea de gobernar.

Hoy se sabe que desde Medellín, Colombia, donde se realizaba la III Conferencia del Episcopado Latinoamericana (Celam) –del 26 de agosto al 8 de septiembre de 1968–, el entonces presidente de la CEM y obispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz, habló vía telefónica con el presidente Díaz Ordaz tras la multitudinaria marcha estudiantil del 13 de agosto, que partió del Casco de Santo Tomás del Politécnico, al Zócalo capitalino.

Señor Presidente. Nos estamos enterando con horror de que los comunistas hicieron una manifestación muy grande en el Zócalo de la ciudad de México, y nos apresuramos a hablarle para que cuente con nuestro total apoyo y simpatía. No podemos permitir que los comunistas lleguen a agitar, documentó la investigadora Raquel Pastor en su tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, presentada en 2004 con el título José Álvarez Icaza y la puesta en práctica del Concilio Ecuménico Vaticano 11 en el Laicado Mexicano.

En el apartado sobre el movimiento estudiantil de 1968, la tesis doctoral incluye la conversación telefónica de apoyo a Díaz Ordaz, como parte de una serie de entrevistas al director del Centro Nacional de Comunicación Social. En ese momento, para mí, fue claro que los obispos estaban apoyando al régimen, declaró en esa entrevista José Álvarez Icaza.

Aunque meses atrás el arzobispo Corripio Ahumada lo había sustituido en la presidencia de la CEM, Márquez y Toriz conservaba una fuerte influencia sobre los obispos mexicanos y mantenía una estrecha relación con el presidente Díaz Ordaz, no sólo por su afinidad anticomunista, sino porque ambos eran originarios del estado de Puebla.