s esta la tercera parte de una serie de artículos sobre las relaciones entre el ambientalismo y el neoliberalismo. Esta vez revisamos el acoplamiento que se dio entre la neutralización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su pérdida de calidad científica, técnica y moral, y el avance de los innumerables proyectos depredadores de las corporaciones y empresas, esto último acompañado por una ambiciosa campaña de lavado de imagen. En los 18 años recientes los gobiernos panistas y priístas no sólo estancaron en buena medida la política ambiental que apenas se había iniciado en 1994 con la fundación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, sino que se dedicaron a anular sus funciones reguladoras, a modificar o establecer nuevas leyes y reglamentos, y a justificar medidas improcedentes o ilegales. Como sucedió en prácticamente todas las esferas del aparato gubernamental, el Estado quedó plegado a los intereses de las grandes empresas mineras, cementeras, petroleras, eléctricas, gaseras, turísticas, de carreteras, alimentarias, automovilísticas, biotecnológicas y ligadas al uso del agua. Para lograrlo, no sólo redujeron el presupuesto de la Semarnat (sólo en 2017 se achicó en 30 por ciento respecto del año anterior), también se colocaron en puestos clave a funcionarios sin preparación y/o ligados con el mundo de los negocios. Una muestra de lo anterior son los perfiles de los últimos responsables del ministerio ambiental, procedentes del corrupto Partido Verde Ecologista de México (PVEM). De 2012 a 2016 la Semarnat fue dirigida por Juan José Guerra-Abud, antiguo directivo de las empresas alemanas Krone y Böllhoff, y de 2016 a la fecha por Rafael Pacchiano, ex gerente de Booz-Allen & Hamilton, Pfizer y de BMW, la fabricante de autos de lujo.

El resultado de lo anterior ha sido la devastación ambiental del país, la cual fue documentada por numerosos académicos y organizaciones, como el Tribunal Permanente de los Pueblos (con audiencias públicas entre 2011 y 2014), o la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Greenpeace México ha publicado y difundido varios diagnósticos, lo mismo que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. A esta devastación contribuyó la Semarnat mediante la autorización indiscriminada de proyectos (fraccionamientos, hoteles, puertos, carreteras) usando manifestaciones apócrifas de impacto ambiental, permisos de uso forestal para nuevos polos urbanos o plantaciones (palma africana, soya, aguacate), autorizaciones para decenas de proyectos mineros, eólicos o eléctricos, mecanismos para la privatización del agua o las áreas naturales protegidas, y un largo etcétera. El contubernio alcanzó su máximo nivel de cinismo cuando la Semarnat y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se pusieron del lado de las corporaciones y en favor del maíz transgénico.

El rescate de la política ambiental en un nuevo gobierno electo que se ha declarado antineoliberal deberá ser contundente y sin miramientos. Cuatro acciones supremas deberán guiarlo para ser creíble.

Primero, el deslinde conceptual e ideológico de un ambientalismo de Estado, esencialmente tecnocrático, ligado abierta o subrepticiamente a los intereses del capital nacional y trasnacional. Segundo, el remplazo de los cuadros directivos actuales por funcionarios capaces y honestos y, sobre todo, auténticamente comprometidos con los valores de un ambientalismo legítimo y crítico (que en el fondo no es sino de la ecología política). Tercero, capaz de desactivar los innumerables procesos de destrucción, pillaje y depredación ecológicos que hoy padece el país en zonas rurales, ciudades y el sector industrial. Y cuarto, trazando una política ambiental que atraviese como una saeta las diferentes dimensiones del aparato público: lo energético (paso de combustibles fósiles a energías renovables), lo alimentario (transición hacia la agroecología y la pesca responsable), la política hidráulica (recuperando el control público del agua y promoviendo los comités y organizaciones ciudadanas), lo territorial (mediante un programa nacional de ordenamientos ecológicos a escala comunitaria y municipal de carácter participativo), lo urbano (creando ciudades sustentables), lo industrial (con una estricta campaña de no contaminación y de integración de industrias), lo económico (promoviendo una economía social y solidaria y un consumo responsable) y lo educativo (hacia una educación ambiental que integre ciencia y arte en todos los niveles y sectores).

A ello se deben agregar programas de conservación biocultural, forestal y genética. Hoy el país vive una bancarrota ecológica resultado de una verdadera guerra de destrucción, cuyas víctimas son los ciudadanos, los territorios, las regiones y las ciudades. Todos resisten mediante la organización en una situación que ha llegado a su límite. Si la nueva Semarnat (2018-24) falla en las tareas de regeneración ambiental, estas fuerzas de la resistencia civil cada vez más poderosas se encargarán de emanciparla.