Y la violencia política regresó

Anne Vigna Periodista de Río de Janeiro  Traducción: Aldo Giacometti

La ex presidenta Dilma se encuentra con el ex presidente Lula en Recife. FOTO: Marlene Bergamo

Desde 2016 y con la destitución de Dilma Rousseff por parte del Congreso -una operación que la izquierda designa con el nombre de “golpe de Estado parlamentario”-, Brasil parece restablecer sus lazos con un pasado que muchos esperaban enterrado: el de una tierra regida por los “Coroneles” y los “Bandeirantes”, esos caciques locales que empleaban la violencia para deshacerse de los molestos. Los molestos son la izquierda y los necesitados, especialmente los “sin tierra”, que ocupan tierras improductivas que, según la Constitución, deberían ser redistribuidas en el marco de la reforma agraria.

El 13 de mayo, en la conmemoración de los 130 años de la abolición de la esclavitud, uno de los símbolos más destacados de ese triste período, volvió a hacer su aparición en las pantallas de televisión: la fusta de cuero. Grandes terratenientes la usaron para pegarles a campesinos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que esperaban el paso de la caravana del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el sur del país, el 22 de marzo. La senadora Ana Amélia Lemos, del Partido Progresista (PP, derecha), felicitó, sin complejos a esos “verdaderos gaúchos que alzaron sus fustas”.

A lo largo de una carrera política de más de cincuenta años, el ex presidente Lula, encarcelado desde el 7 de abril, pudo recorrer el país sin exponerse a ningún peligro. Pero, durante el mes de marzo tuvo que enfrentarse con una serie de bloqueos organizados por milicias armadas con tractores, piedras e incluso fusiles.

Su objetivo: dificultar la gira que llevaba a cabo el candidato a la presidencia para movilizar a la población en contra de su condena a doce años de prisión por corrupción pasiva. Una condena que denunció la izquierda, pero también 122 juristas brasileños que, en una recopilación de artículos, expusieron la parcialidad de una acusación basada más en la convicción del juez que en pruebas (1).

La investigación policial, que tiene que identificar a los autores de los disparos contra la caravana el 27 de marzo, ya reveló su procedencia: la fazenda (gran explotación agrícola) de Leandro Bonotto.

Desde los años noventa, Bonotto se opone violentamente al MST y a las recuperaciones de tierras dirigidas por el muy oficial Instituto Nacional de Colonización y Reforma

Agraria (INCRA). No es una sorpresa: todos los ataques perpetrados contra la caravana de Lula da Silva fueron preparados por las asociaciones de grandes terratenientes que pregonan abiertamente la violencia contra el MST. Uno de ellos, Gedeão Ferreira, presidente de la Federación de Agricultura de Río Grande do Sul, ya había declarado durante su entrada en funciones: “Vamos a enfrentar al MST y al INCRA. Sus ocupaciones tienen como único objetivo privar de sus propiedades a los productores rurales” (2). Condenado en 2002 por “desobediencia a la justicia” e “incitación al crimen” después de haberles negado a técnicos del INCRA el acceso a sus propiedades, Ferreira fue puesto en libertad al año siguiente por el tribunal regional de la región VI, la misma instancia que condenó en juicio de apelación al ex presidente Lula.

“Brasil es un país muy violento, con una cantidad récord de homicidios; pero, tradicionalmente, no conocíamos este fenómeno en la política, a diferencia de Colombia o México”, analiza Mauricio Santoro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Río de Janeiro. “El mes en el que le dispararon a la caravana de Lula, fue asesinada una consejera municipal de izquierda de Río, Marielle Franco. Estos hechos trágicos son inéditos en nuestra historia contemporánea”. La violencia alcanza por primera vez a personalidades políticas de primera línea. Para los movimientos sociales no es nueva, pero está en franco aumento. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada durante la dictadura por la Conferencia de Obispos de Brasil, 70 militantes fueron asesinados en 2017, es decir, más que en 2016, que ya había marcado un récord con 61 víctimas.

Entre los 70 muertos del año pasado, 52 estaban ligados a conflictos por la tierra.

Terratenientes organizados

“El fin de los gobiernos del Partido de los Trabajadores [PT] llevó a que la violencia se agravara fuertemente”, confirma José Batista Afonso, abogado de la CPT en el estado de Pará. “Se observa una reorganización de las asociaciones de grandes terratenientes y un acercamiento de los mismos con las fuerzas del orden. Esto es particularmente claro en el estado de Pará, con 21 asesinatos el año pasado. Hacía mucho tiempo que no se veía algo así”. Entre estos muertos, diez campesinos que pertenecían a la Liga de Campesinos Pobres, torturados y luego ejecutados durante una ocupación del establecimiento de Santa Lucía, el 24 de mayo de 2017. Esta masacre en Pau d’Arco es la peor desde la de El dorado dos Carajás, en 1996, cuando 19 campesinos del MST fueron ejecutados por policías. La investigación llevada a cabo en Pau d’Arco acaba de concluir en la inculpación de 29 policías.

El peritaje mostró que además de heridas mortales los cuerpos presentaban fracturas múltiples, comprobando las torturas relatadas por otras víctimas. En sus declaraciones, los policías afirmaron que habían entrado a la fazenda (hacienda) con órdenes de arresto contra algunos campesinos y que les habían disparado. Dos de ellos, sin embargo, confesaron para obtener una reducción de pena y confirmaron la versión de los sobrevivientes. “El peritaje confirmó también que los campesinos no habían disparado. La versión de los policías por lo tanto no se sostiene”, nos buscó el procurador, Leonardo Caldas. El conflicto es clásico en este estado de la Amazonia: la fazenda Santa Lucía es propiedad de la familia Babinski, que cuenta con un total de 40 000 hectáreas, casi cuatro veces el tamaño de París.

Desechos clandestinos

Según los movimientos sociales, estas tierras estuvieron bien utilizadas hasta la muerte del patriarca, Honorato Babinski.

Las ocupaciones de Santa Lucía empezaron a partir de 2013, con 5694 hectáreas que ya no eran cultivadas. El heredero, Honorato Babinski hijo, de 25 años, vive en Río de Janeiro y se describe como “actor” en las redes sociales, en las que no esconde una agitada vida nocturna. Le exigió sin embargo a la justicia que expulsara a los ocupantes. A la jueza que le pidió que demostrara la actividad de la fazenda, le presentó documentación (la compra de 1700 vacas y un certificado de vacunación de 75 animales), pero con fecha de un mes posterior a la petición de la justicia. Obtuvo la expulsión de los campesinos, que volvieron tres veces a ocupar el lugar. La última ocupación les resultó fatal: “La investigación ahora debe determinar quién ordenó el crimen. Pero, como sucede a menudo en el Pará, los policías hacen horas extras como agentes de seguridad para los fazendeiros”, agregó el procurador, para explicar su pesimismo en cuanto a las revelaciones que puedan esperarse de la investigación.

Los policías del Pará también les venden sus servicios a empresas mineras. En Barcarena, la asociación Cainquiama denunció en múltiples oportunidades que la multinacional minera Norsk Hydro, presente en cuarenta países y en 34.3% propiedad de Noruega, arroja residuos tóxicos. Norsk Hydro posee en Barcarena “la refinería de aluminio más grande del mundo”. El 23 de febrero la asociación volvió a notificarles a las autoridades acerca de desechos clandestinos, negados por la mina, pero confirmados por las autoridades sanitarias locales. Les mostró a las autoridades los vertidos clandestinos de desechos, forzando a la refinería a que redujera su producción en 50%. Dos semanas más tarde, uno de los dirigentes de la asociación, Paulo Sérgio, fue asesinado –el segundo en tres meses–.

Desde enero, la asociación venía denunciando las amenazas de muerte que recibían por parte de miembros de la Policía Militar, uno de los cuerpos policiales de Brasil.  Desde entonces, al menos tres mujeres de la asociación denunciaron a su vez amenazas de muerte, sin obtener la menor medida de seguridad. Existe un programa de protección de los militantes, pero es ineficaz: las 683 personas que se benefician del mismo en su mayoría no reciben más que un seguimiento telefónico. Solo 14 de ellas han sido puestas bajo protección policial. “Estamos recibiendo ataques sin precedentes –dijo Ney Strozake, abogado del MST–. En marzo, una de nuestras ocupaciones fue nuevamente rociada con productos tóxicos por los aviones de grandes terratenientes de Bahía. En el sur, varios de nuestros militantes son encarcelados con pretextos falaces. Hacer que los liberen resulta muy complicado”.

El 27 de marzo, siempre en el estado de Pará, fue arrestado el padre José Amaro. La policía lo acusa de una serie de crímenes que van del acoso sexual al lavado de dinero, pasando por la invasión de tierras. Este cura luchó junto a la religiosa Dorothy Stang, asesinada en 2005 por grandes terratenientes. Su arresto fue denunciado por todos aquellos que conocen sus acciones junto a los más pobres de la región. “Se trata de una nueva táctica que apunta a impedir el trabajo de estos religiosos –comentó el director de la Comisión Pastoral de la Tierra, Ruben Siqueira.

El asesinato de Dorothy Stang había detenido la acción de los grandes terratenientes, debido a la atención internacional que recibió. Pero “destruir la reputación de un hombre puede ser más eficaz para bloquear su acción militante que matarlo”. A pesar de que todas las acusaciones provienen de grandes terratenientes, la justicia confirmó la detención provisoria del padre Amaro, que los combatía. Amenazado de muerte en múltiples ocasiones, el religioso ahora se encuentra en la misma prisión que el asesino de Dorothy Sang, en el estado de Brasil más peligroso para los militantes. La justicia no ve allí ningún inconveniente.

* Este artículo fue originalmente publicado en Mundo Diplomático, en mayo del 2018.

Notas: 1. Carol Proner, Gisele Cittadino, Gisele Ricobom y João Ricardo W. Dornelles, Comentários a uma sentença anunciada, o processo Lula, Canal 6 Editora, Bauru, SP, 2017. 2. Diário do Centro do Mundo, 25 de marzo de 2018, disponible en el vínculo www.diariodocentrodomundo.com.br.

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